La reciente designación de Armando Benedetti como asesor presidencial ha generado tensiones en el gabinete de Gustavo Petro, con varios ministros y la vicepresidenta Francia Márquez ausentándose del Consejo de Ministros en señal de protesta.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
Tras la decisión del presidente Gustavo Petro de reincorporar a Armando Benedetti, exembajador y exjefe de campaña, como asesor presidencial se ha generado un gran revuelo. Este nombramiento ha provocado un rechazo al interior del Gobierno, evidenciada por la ausencia de varios ministros y de la vicepresidenta Francia Márquez en el reciente Consejo de Ministros.
Contexto del nombramiento
Armando Benedetti, reconocido por su papel como jefe de campaña de Petro y su posterior desempeño como embajador en Venezuela y ante la FAO en Roma, ha sido una figura controvertida en la política nacional. Su trayectoria ha estado marcada por investigaciones judiciales relacionadas con presuntos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Recientemente, Benedetti anunció su renuncia a la embajada ante la FAO, citando motivos familiares y de salud. Sin embargo, tras una reunión con el presidente Petro, se confirmó su regreso al Gobierno como asesor presidencial, decisión que tomó por sorpresa a gran parte del gabinete.
La reincorporación de Benedetti no fue bien recibida por varios miembros del Gobierno. La vicepresidenta Francia Márquez, junto con los ministros de Cultura, Defensa, Trabajo y Minas, decidieron ausentarse del Consejo de Ministros en señal de protesta. Esta acción refleja el descontento y la preocupación por la imagen y ética del Gobierno ante la opinión pública.
El senador Iván Cepeda, aliado del presidente, expresó su respaldo a los ministros críticos, señalando que “existe una serie de hechos que cuestionan severamente la compatibilidad de esa decisión con nuestro proyecto político”.
Respuesta de la Presidencia
Ante la creciente tensión, la Casa de Nariño intentó minimizar la importancia del cargo asignado a Benedetti, indicando que su rol sería limitado y que no tendría injerencia directa en la agenda gubernamental ni en decisiones presupuestarias. Sin embargo, estas aclaraciones no han logrado calmar las inquietudes dentro del gabinete y de otros sectores políticos.
