El jurista reemplaza a Antonio José Lizarazo; su posesión ante el presidente Petro genera debate entre los magistrados.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
El día de hoy, a las 3:00 p.m., en el Palacio de Nariño, Miguel Polo Rosero tomará posesión como magistrado de la Corte Constitucional, sucediendo a Antonio José Lizarazo, cuyo periodo culmina en febrero de 2025. La ceremonia será presidida por el presidente Gustavo Petro, en un contexto marcado por tensiones y debates internos en el alto tribunal.
Polo Rosero, abogado con una trayectoria de 18 años en la Corte Constitucional, ha desempeñado roles como magistrado auxiliar bajo la dirección de juristas de diversas corrientes ideológicas, incluyendo a Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia de Petro. Su elección, con 57 votos a favor en la plenaria del Senado, superó a la jurista Claudia Dangond, quien obtuvo 47 votos.
La designación de Polo Rosero ha suscitado diversas reacciones dentro y fuera de la Corte. Algunos magistrados han expresado inquietudes sobre su cercanía con el actual gobierno, temiendo posibles impactos en la independencia judicial. Sin embargo, otros destacan su amplia experiencia y conocimiento del derecho constitucional como fortalezas para el desempeño de sus nuevas funciones.
En diciembre de 2024, el magistrado José Joaquín Urbano, decidió tomar posesión de su cargo como nuevo magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ante el presidente de dicha corporación, lo que levantó en las Cortes un debate sobre la independencia de los jueces y su choque con las posesiones ante los presidentes de turno. Durante ese acto, el presidente de la Corte Suprema pronunció un discurso de independencia no solo por sus palabras sino por ser la primera vez que esto ocurría en el país.
La posesión de Polo Rosero se produce en un momento crítico para la Corte Constitucional, que enfrenta desafíos relacionados con la protección de derechos fundamentales y la interpretación de reformas legales impulsadas por el gobierno. Su llegada podría influir en la orientación de futuras decisiones, especialmente en temas de alta sensibilidad política y social.
En las próximas semanas, se espera que el nuevo magistrado participe en deliberaciones clave, aportando su perspectiva y experiencia al servicio de la justicia constitucional en el país. La comunidad jurídica y la ciudadanía estarán atentas al desarrollo de su gestión y al impacto de sus decisiones en la protección de los principios democráticos y los derechos consagrados en la Constitución.
