Movió unos $30 mil millones en 3 meses, buscando, al parecer, ocultar un patrimonio que incluye 19 propiedades que pueden terminar en manos de la justicia
Por: Jorge González Patiño / Las 2 Orillas
Cuando ya trabajaba para el gobierno colombiano, Carlos Ramón González movió a través de sus cuentas y en operaciones financieras recursos en tres meses por $30.918 millones que llamaron la atención de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF).
Los reportes de operaciones sospechosas, avalados inicialmente por oficiales de cumplimiento de entidades financieras, llegaron a las autoridades competentes después de registrados cuatro depósitos en cuentas de ahorro y en un CDT por valores de $3.413 millones, $1.000 millones, $12.964 millones y hasta $13.541 millones.
De acuerdo con un informe oficial conocido íntegramente por Las2Orillas, en el sistema Advance Score, diseñado para determinar la solvencia y el riesgo financiero de una persona, en el análisis de capacidad de endeudamiento se estima un ingreso mensual en el rango medio cercano a $14.619.000.
Sin embargo, ese valor que contrasta con su realidad financiera, ya que no podría respaldar obligaciones de montos elevados porque sus ingresos reportados corresponden a un nivel bajo. “Esta situación -observa el análisis- podría indicar que el dinero que ha circulado en sus cuentas no necesariamente estaría pasando de manera habitual por el sistema financiero, lo que genera una alerta frente a la consistencia de los flujos declarados y su verdadera capacidad de pago”.
El patrimonio de González está hoy bajo el escrutinio de las autoridades que buscan anticiparse a decisiones judiciales de fondo que podrían poner en evidencias perjuicios a los presupuestos públicos en cuyo manejo tuvo injerencia como servidor público. Así, si no sale de su asilo político en Managua para responder ante la justicia colombiana, donde todavía goza de presunción de inocencia, posiblemente tendría que responder después con la pérdida de su libertad personal y pagar sanciones con cargo a su peculio personal.
Otra cosa llama la atención en las indagaciones sobre su patrimonio. No se evidencian créditos registrados en centrales de riesgo por montos equivalentes a las sumas que suele manejar, lo que resalta que dichas operaciones no corresponden a financiamiento adquirido con el sistema financiero, sino a recursos propios de procedencia no bien conocida.
A finales de junio pasado, cuando ya se conocía su salida país, la Corporación para la Atención y el Diagnostico de Enfermedades Milagroz, identificada con NIT 900.013.939, seguía haciendo aportes a su nombre como beneficiario de seguridad social. Esa empresa sigue figurando a su nombre.
El rastreo a sus bienes ha servido para confirmar que la Empresa Para el Desarrollo Económico y Social Dansgold SAS Sociedad, donde figuró como representante legal hasta poco antes de asumir como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, realizaba importantes préstamos al Partido Verde, bajo su dirección.
En la Corporación Sor Teresa de Calcuta, que contrata con el Estado servicios de alimentación escolar desde 2018, figura como presidente del Consejo Directivo desde 2007. Una sobrina suya aparece como representante legal de la Corporación Asís, una entidad sin ánimo de lucro que también contrata con programas oficiales.
Sus bienes podrían convertirse en garantía de pago si llegara a resultar condenado en el proceso por un millonario saqueo a las arcas de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres.
La Corporación Sor Teresa reporta 32 contratos por 15.639 millones de pesos (entre ellos tres vigentes por 2.106 millones), mientras que Asís suma contratos por 14.198 millones. Ambas tienen convenios activos hasta diciembre de 2025.
La Corporación Asís de Colombia mantiene una relación directa con la familia de Carlos Ramón González Merchán y también continúa recibiendo contratos millonarios para la distribución de alimentos en comedores comunitarios en Bogotá. Recientemente la Secretaría Distrital de Integración Social le extendió un cheque por un cheque por $727.706.280 millones para el suministro de alimentación.
La actual representante legal de la entidad es Sulay Patricia Ortiz Merchán, sobrina de González Merchán. En el consejo directivo figura Rosa Elizabeth González Merchán, hermana del exdirector de Inteligencia.
Figura como titular de siete propiedades ubicadas en Bucaramanga, Puente Nacional, Bogotá y Zipaquirá, si bien en el registro de conflicto de interés correspondiente a 2024 declaró ser propietario de 19 inmuebles, cuyo valor total ascendía a $3.768.876.400.
Su esposa Luz Dana Leal Ruiz, quien renunció a un alto cargo en el SENA, para ir a acompañarlo a Nicaragua, registra a su nombre doce propiedades en Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta. Son 22 sus movimientos sospechosos reportados a la UIAF entre 2019 y 2024.
En las versiones de sus declaraciones de renta durante los últimos cinco años se relacionan diecinueve bienes muebles e inmuebles, así como cuatro cuentas bancarias, una de ellas en Panamá, con un valor total aproximado de $3.165 millones.
