El general retirado Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, enfrenta una posible expulsión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por negar su responsabilidad en casos de desapariciones forzadas y vínculos con grupos paramilitares.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia, está evaluando la posible expulsión del general en retiro Mauricio Santoyo Velasco de sus procesos. Esta medida se debe a la presunta falta de colaboración del exoficial en el esclarecimiento de hechos relacionados con desapariciones forzadas y su supuesta colaboración con grupos paramilitares.
Antecedentes del caso
Mauricio Santoyo Velasco, quien se desempeñó como jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2005, ha estado involucrado en diversas investigaciones por su presunta participación en actividades ilegales. En 2012, Santoyo se declaró culpable ante una corte federal en Virginia, Estados Unidos, por colaborar con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar involucrado en actividades de narcotráfico y violaciones de derechos humanos. Esta confesión llevó a su condena y posterior encarcelamiento en ese país.
Tras cumplir su condena en Estados Unidos, Santoyo regresó a Colombia y se sometió a la JEP, con el objetivo de acogerse a los beneficios de la justicia transicional. Sin embargo, su permanencia en este sistema está en entredicho debido a su presunta falta de colaboración en el esclarecimiento de hechos relacionados con su actuar durante el conflicto armado.
Negación de responsabilidad en desapariciones forzadas
Uno de los puntos críticos que ha llevado a la JEP a considerar la expulsión de Santoyo es su negativa a reconocer su responsabilidad en la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, defensores de derechos humanos desaparecidos en Medellín el 6 de octubre de 2000. A pesar de las evidencias y testimonios que lo vinculan con estos hechos, el exgeneral ha negado su participación en repetidas ocasiones. La Fiscalía General de la Nación lo acusó formalmente por estos casos en septiembre de 2024, imputándole los delitos de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada.
Reiterada negación de vínculos con paramilitares
Además de las acusaciones por desapariciones forzadas, Santoyo ha negado consistentemente haber tenido alianzas con grupos paramilitares, a pesar de su confesión en Estados Unidos. Esta contradicción ha generado dudas sobre su compromiso con la verdad y la justicia en el proceso de paz colombiano. La JEP ha señalado que el exgeneral no ha aportado información sustancial que contribuya al esclarecimiento de la relación entre agentes del Estado y grupos paramilitares durante el conflicto armado.
Proceso en la JEP y posibles consecuencias
La JEP, creada como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, exige a sus comparecientes un compromiso real y verificable con la verdad. El régimen de condicionalidad establece que quienes no cumplan con estos deberes pueden ser remitidos nuevamente a la jurisdicción ordinaria. En el caso de Santoyo, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha considerado que sus aportes han sido insuficientes, lo que ha llevado a la apertura de un incidente de verificación de su régimen de condicionalidad.
De ser expulsado de la JEP, Santoyo perdería los beneficios de la justicia transicional, lo que implicaría que sus casos serían asumidos por la justicia ordinaria, enfrentando posibles penas más severas. Además, su expulsión enviaría un mensaje contundente sobre la importancia de la colaboración y el aporte a la verdad en el marco del proceso de paz.
Reacciones de actores públicos y privados
La posible expulsión de Santoyo ha generado diversas reacciones en el ámbito público y privado. Organizaciones de derechos humanos han manifestado su respaldo a la decisión de la JEP, argumentando que la verdad y la justicia son pilares fundamentales para la reconciliación del país. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) señaló que “la negativa del general Santoyo a reconocer su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos es un obstáculo para la construcción de la paz“.
Por otro lado, sectores cercanos al exgeneral han expresado su preocupación por lo que consideran una falta de garantías en el proceso. Algunos exmiembros de la fuerza pública han manifestado que la JEP debe garantizar un debido proceso y evitar decisiones que puedan percibirse como retaliaciones políticas.
