Una investigación periodística expone llamadas grabadas legalmente en 2021 en las que César Palomino, exmagistrado del Consejo de Estado y actual director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, habría utilizado sus influencias para favorecer un negocio familiar. Las interceptaciones muestran cómo Palomino intervino ante autoridades para que la nueva cárcel de Quibdó se construyera en un predio de sus parientes, desatando críticas y reacciones desde diversos sectores.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar.
César Palomino Cortés, exmagistrado del Consejo de Estado y hoy director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) nombrado por el presidente Gustavo Petro, se encuentra en el centro de una polémica tras una denuncia de La Silla Vacía. En dicha investigación se revelan interceptaciones telefónicas legales que lo muestran gestionando favores oficiales en beneficio de sus familiares. Los audios evidencian que Palomino, mientras ostentaba el cargo de magistrado de la máxima corte de lo contencioso administrativo, habría ejercido tráfico de influencias al presionar para que la nueva cárcel de Quibdó (Chocó) se construyera en un terreno perteneciente a su tía.
La serie de cinco conversaciones telefónicas interceptadas –realizadas entre el 7 y el 27 de octubre de 2021– involucra a Palomino y a Omar Francisco Vidal Rojas, político chocoano cercano a él. En ese entonces, Vidal era precandidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal y se desempañaba como secretario del Interior de la Gobernación del Chocó. Su línea telefónica estaba bajo escucha por orden de la Fiscalía, pues se le investigaba por presuntamente filtrar información de un caso de narcotráfico que involucraba a su hermano. Gracias a este rastreo legal, las autoridades captaron también las llamadas de Palomino, quien no era el objetivo inicial de las interceptaciones pero terminó dando pistas de posibles irregularidades en su actuación.
¿Quién es César Palomino y qué cargos ocupa?
Palomino es un abogado chocoano con amplia trayectoria en la Rama Judicial. Fue magistrado de la Sección Segunda del Consejo de Estado –uno de los máximos tribunales de Colombia, encargado de resolver litigios administrativos y de definir la legalidad de actos del Estado– por un periodo cercano a ocho años. Durante su paso por esa alta corte, Palomino ganó notoriedad no solo en su departamento (Chocó) sino también a nivel nacional, incluso por fallos resonantes. De hecho, fue el ponente de la decisión que anuló la sanción disciplinaria impuesta en 2013 al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, con la cual se le restituyeron sus derechos políticos en 2017. Es decir, Palomino jugó un rol clave en revocar la destitución e inhabilidad de Petro dictada por el exprocurador Alejandro Ordóñez, algo que el propio Petro celebró como un “triunfo de la justicia” en su momento. Este antecedente convirtió a Palomino en alguien conocido y bien visto por Petro, quien años después lo llamaría a formar parte de su gobierno.
En julio de 2024, tras renunciar anticipadamente al Consejo de Estado, César Palomino fue nombrado por el presidente Petro como director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). La ANDJE es la entidad del Estado colombiano encargada de coordinar la estrategia jurídica del gobierno y defender los intereses de la Nación en procesos legales, especialmente en demandas de alta cuantía contra el Estado. Creada en 2011 como una unidad adscrita al Ministerio de Justicia, la ANDJE busca unificar y fortalecer la defensa jurídica del Estado y prevenir el llamado “daño antijurídico”, es decir, las pérdidas que sufre el erario por condenas judiciales. En términos sencillos, es el “bufete de abogados” del Estado colombiano: lleva casos tan delicados como litigios internacionales, pleitos de restitución de tierras, grandes contratos y otros donde estén en juego recursos públicos. Palomino, al asumir su dirección, pasó a liderar un equipo que maneja pleitos estratégicos, como por ejemplo el histórico caso del Galeón San José (sobre el tesoro naval), entre muchos otros. Su designación en la ANDJE se dio para reemplazar a Martha Lucía Zamora (quien salió tras otro escándalo) y en su hoja de vida brillaba su experiencia judicial. Sin embargo, como ahora se va descubriendo, también cargaba con potenciales conflictos de interés.
El caso de la cárcel de Quibdó y el predio familiar: Las grabaciones reveladas por La Silla Vacía giran en torno al eterno proyecto de construir una nueva cárcel para Quibdó, la capital de Chocó. La cárcel actual, llamada Anayanci, está ubicada en pleno centro de la ciudad, sufre de hacinamiento crónico y ni siquiera fue diseñada como prisión (opera en una antigua casona patrimonial adaptada). Desde hace años, autoridades locales, el INPEC (Instituto Penitenciario) y el Ministerio de Justicia han considerado urgente reubicarla. El plan requiere: 1) conseguir un lote adecuado en las afueras de Quibdó, 2) que la Alcaldía municipal cambie el uso de suelo de ese terreno para permitir una construcción carcelaria, 3) que la Gobernación del Chocó compre el lote, y 4) que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC, adscrita al MinJusticia) financie la construcción del penal.
Hacia 2021, este plan parecía tomar forma. La Gobernación del Chocó, entonces en cabeza de Ariel Palacios, identificó un terreno candidato: un predio ubicado a las afueras de Quibdó perteneciente a Wladimiro Garcés Machado. Garcés es esposo de Bertha Cortés, tía de César Palomino. Es decir, el lote propuesto para la cárcel era de la familia del magistrado Palomino. Según la investigación, Palomino se habría movió entre bastidores para impulsar que ese predio familiar fuera el elegido, aprovechando sus contactos en altas esferas. En las llamadas interceptadas se escucha cómo Palomino presionó a actores clave: habló con un ministro (presumiblemente de Justicia), con un funcionario de la USPEC y buscó acelerar el trámite ante la Alcaldía de Quibdó.
La primera conversación grabada, del 7 de octubre de 2021, inicia con Palomino comunicándose con Francisco Vidal, su amigo y aliado en el Chocó. Palomino suena inquieto porque los trámites para lo del terreno “no avanzan”. Le comenta a Vidal que “me acabó de llamar el Ministro, me puso en línea con (…) Andrés, el de la Uspec”, dando a entender que ya había involucrado a un alto funcionario nacional (el ministro) y al responsable de infraestructura carcelaria (USPEC) en el asunto. Aunque en la charla Palomino no especifica qué ministro es, se deduce que se refería al Ministerio de Justicia, cartera que en ese momento lideraba Wilson Ruiz Orejuela.
Según explica Palomino en esa interceptación, el único obstáculo pendiente era el cambio de uso de suelo del terreno: “no era el tema técnico, sino lo que faltaba es… ¿Tú te acuerdas que Martín se comprometió a cambiar el uso del suelo a eso? Falta es eso, hermano”, le dice a Vidal, refiriéndose a Martín Sánchez, quien era el alcalde de Quibdó en ese entonces. Es decir, Palomino identificaba que sin un acto administrativo del alcalde modificando la clasificación del lote (de rural a zona apta para equipamiento carcelario), el proyecto no podía seguir. Por ello, insiste en que “ellos necesitan que Martín se vincule a este proceso… Que Martín mande una carta” donde el alcalde se comprometa formalmente a realizar el cambio de uso de suelo. En la misma llamada, Vidal le explica que el alcalde se mostraba renuente: “¿Yo cómo voy a cambiar el uso del suelo si ni siquiera hemos firmado un convenio?” objeta Vidal, citando lo que Martín Sánchez le habría dicho, y agrega que ni el alcalde ni el gobernador podían proceder sin antes firmar un convenio interinstitucional para el proyecto. Palomino, sin embargo, seguía buscando atajos: “¿Y por qué no ponemos a hablar al alcalde con la Uspec?” propone, enfatizando que alguien debía “explicarle a ese señor de la Uspec” la situación, con tal de “destrabar” el proceso.
En las conversaciones posteriores, se ve a un Palomino cada vez más insistente. Llama a Vidal en días subsiguientes para preguntar si ya el alcalde firmó la dichosa carta de intención. Incluso le comenta que se encontró personalmente con el alcalde Martín Sánchez en Bogotá y que este le aseguró que sí autorizaría el cambio de uso de suelo del lote familiar. Es decir, Palomino habría, presuntamente, utilizado su investidura –pues era conocido como magistrado del Consejo de Estado– para acceder directamente al alcalde y ejercer presión. También en los audios se oye a Palomino decir que él mismo puede “poner un párrafo” en la carta que esperaba que firmara el alcalde, para amarrar el compromiso de modificar el uso de suelo. Estas actitudes van mucho más allá de una mera consulta familiar: muestran a un alto magistrado del Estado operando como gestor de un interés privado ante diversas entidades públicas.
Francisco Vidal, por su parte, fungía como pieza intermediaria y técnica. Aunque no tenía cargo formal relacionado con el proyecto carcelario (su hoja de vida pública no lo mencionaba), La Silla Vacía reveló que Vidal había sido asesor del gobernador y, como delegado de la Gobernación, participó en la estructuración del convenio para la nueva cárcel. De hecho, quedó rastro de su papel en un informe técnico del INPEC tras una visita al predio en mayo de 2021, donde Vidal defendió la viabilidad del lote de la tía de Palomino, argumentando que el dueño ya había tramitado permisos de servicios públicos. Es claro que Vidal, amigo de Palomino, habría hecho lobby para que ese terreno familiar resultara favorecido. En una de las conversaciones interceptadas, Vidal incluso comenta en tono coloquial que se hizo amigo del funcionario de la USPEC encargado y que “hasta queso le he mandado al gran hijueputa”, insinuando pequeños sobornos o regalos para ganarse la voluntad de ese servidor público. Si bien luego Vidal negaría cualquier gestión indebida, los audios sugieren que ambos coordinaron esfuerzos para allanar el camino burocrático y beneficiar a los parientes de Palomino.
Las pruebas recolectadas –los cinco audios– quedaron en manos de la Fiscalía dentro del expediente contra Francisco Vidal. De hecho, fueron utilizadas en procesos judiciales posteriores contra Vidal, por ejemplo en un caso por presunta compra de votos en las elecciones de 2022. Sin embargo, no está claro si estas evidencias motivaron una investigación formal contra César Palomino. Al ser Palomino un magistrado del Consejo de Estado en ese momento, cualquier acusación penal en su contra debió ser conocida por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (el órgano del Congreso que investiga a los altos dignatarios). Según La Silla Vacía, la Fiscalía no respondió si llegó a compulsar copias a dicha Comisión para que se indagaran las conductas de Palomino. Es decir, hasta donde se sabe, no hubo una investigación penal abierta ni un proceso disciplinario inmediato por parte de órganos de control cuando estos hechos ocurrieron. Palomino culminó su periodo (renunció faltando pocos meses) sin escándalo conocido por este tema y, como se mencionó, posteriormente fue incorporado al gobierno Petro en la ANDJE casi tres años después de las llamadas comprometedoras.
Cabe resaltar que la cercanía entre Palomino y Vidal quedó en evidencia más allá de estas llamadas. En junio de 2022, Francisco Vidal fue capturado por las autoridades bajo cargos de corrupción al sufragante (compra de votos) y para sorpresa de muchos, estaba refugiado en la casa de César Palomino en el norte de Bogotá al momento de su detención. Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía afirmó que Vidal se encontraba “escondiendo” en la residencia de Palomino, y advirtió que debido a la amistad directa entre ambos había riesgo de que el detenido pudiera obstruir la justicia. Este episodio agrava la sospecha de una colaboración estrecha entre el exmagistrado y su amigo político en actividades irregulares.
La defensa de Palomino y respuestas de los implicados: Tras destaparse este escándalo, César Palomino ha dado explicaciones para justificar su conducta. En declaraciones remitidas a La Silla Vacía, el exmagistrado negó haber actuado como juez en este asunto y alegó que lo hizo a título personal, como familiar interesado. Según su versión, él no obró como magistrado del Consejo de Estado, sino que “actuó como pariente del propietario del terreno”, pues el alcalde de Quibdó le habría comentado informalmente que el predio de su tío estaba considerado para la cárcel. Palomino sostiene que no hubo negociación alguna ni tráfico de influencias, sino que simplemente le transmitió a su familiar la petición de las autoridades: “No se trataba de ninguna negociación. La petición era comentarle al esposo de mi tía que la Alcaldía le pedía que donara una parte de su terreno, porque ni el municipio de Quibdó ni la Gobernación del Chocó tenían presupuesto para adquirirlo”, explicó Palomino en su descargo. El funcionario asegura que él intentó gestionar ante su tío político una donación gratuita de parte del lote para ayudar a la causa pública, pero que no tuvo éxito porque el propietario insistió en vender –incluso por debajo del precio comercial– dado que no estaba en condiciones de regalar su propiedad.
No obstante, los propios audios contradicen la versión edulcorada de Palomino. En ninguna de las conversaciones interceptadas se le oye abogar por una donación altruista del terreno; al contrario, se habla de comprar el lote y de condiciones para concretar la venta, sujetas al cambio de uso de suelo. Incluso Palomino se involucra en la redacción de la carta que buscaba que firmara el alcalde, lo cual va más allá de “comunicar un mensaje familiar”. Como señala La Silla Vacía, en las grabaciones Palomino se mostraba muy interesado en destrabar el trámite administrativo y conseguir compromisos oficiales, algo que difícilmente puede interpretarse como una simple gestión doméstica. Por eso, el propio medio concluye que la versión de Palomino “no concuerda” con lo que se escucha en los audios, donde claramente el entonces magistrado buscaba influir en decisiones gubernamentales para favorecer un negocio particular.
Otro elemento que genera dudas es la mención del “ministro” en la llamada. Palomino insinuó que un Ministro lo había llamado por el tema. Dado el contexto, se entiende que pudo ser el Ministro de Justicia de la época, Wilson Ruiz. Wilson Ruiz, quien efectivamente era el titular de Justicia en 2021 bajo el gobierno Duque, negó rotundamente haber discutido con Palomino sobre el lote de la cárcel. El exministro Ruiz confirmó que sí se reunió varias veces con Palomino cuando este era magistrado, pero “para tratar otros temas relacionados con la rama judicial”, aclarando que nunca hablaron del proyecto de la cárcel de Quibdó. Ruiz detalló que aquellas reuniones versaron sobre asuntos judiciales generales, “tales como la digitalización de la justicia en el marco de un crédito del BID, y proyectos de ley sobre la virtualidad de audiencias, y asuntos propios de la jurisdicción administrativa”, según explicó en su defensa. Para subrayar el punto, Ruiz recalcó: “las veces que se reunió con él fue para tratar otros temas”, descartando cualquier gestión carcelaria. Esta desmentida del exministro pone en entredicho lo que Palomino le comentó a Vidal en la interceptación, sugiriendo que pudo haber exagerado o inventado la intervención ministerial para presionar a su interlocutor. En cualquier caso, deja claro que sí Palomino intentó involucrar a algún alto funcionario nacional en el negocio de su tío, al menos el entonces ministro no cedió a esa conversación.
Francisco Vidal también ha dado su versión a los medios. En diálogo con La Silla Vacía, el exsecretario del Chocó dijo no recordar con precisión las conversaciones interceptadas, pero aseguró que “en ningún momento se le sugirió trámite especial en favor de uno u otro predio”, queriendo dar a entender que no hubo favoritismo ilegal. Vidal igualmente negó haber actuado “como emisario de nadie y menos de César Palomino”. Es decir, trató de desvincular a Palomino y a sí mismo de cualquier acuerdo turbio. No obstante, sus propias palabras en las grabaciones –como el comentario del queso enviado al funcionario de USPEC– minan esa defensa. Hasta el momento, Vidal enfrenta sus procesos penales (narcotráfico, corrupción electoral) y Palomino no ha sido formalmente involucrado en ellos, más allá de las menciones colaterales en las audiencias.
Consecuencias
La publicación de estos audios ha generado un fuerte revuelo en círculos políticos y jurídicos. En el Gobierno de Gustavo Petro, por ahora, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre Palomino tras la denuncia. La Casa de Nariño ha guardado silencio público mientras evalúa el impacto de las revelaciones, aunque fuentes extraoficiales señalan que el tema se ha discutido internamente dada la gravedad de las acusaciones. Palomino sigue en su cargo de director de la ANDJE, posición de confianza del Presidente, lo que coloca al Gobierno en una posición incómoda: sostenerlo podría interpretarse como tolerancia a conductas indebidas, pero removerlo supondría admitir implícitamente la veracidad de los señalamientos. Hasta ahora, el Presidente Petro ha mantenido a Palomino en la Agencia, incluso después de conocerse otras controversias en su contra, como el hecho de que es dueño de una empresa naviera cuyo barco fue detenido tres veces con cargamentos de droga –otro escándalo previo revelado por la prensa–. Esa continuidad ha sido criticada, y las nuevas revelaciones añaden presión para que se tomen decisiones.
La oposición política no ha dejado pasar el episodio. Varios congresistas y líderes opositores cuestionaron que se nombrara a alguien con estos antecedentes en un cargo clave. Por ejemplo, algunos recordaron que Palomino ya venía con “alertas en rojo” por sus nexos cuestionables, y consideran que esto refleja un error de Petro al seleccionarlo. “Es inaceptable que un alto funcionario use su influencia para beneficio propio; el Gobierno debe dar explicaciones inmediatas”, declaró en redes sociales la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, pidiendo la renuncia de Palomino. En la misma línea, integrantes de la coalición opositora señalaron que este caso contradice el discurso anticorrupción del actual gobierno. “¿Dónde está el cambio? Nombran a un exmagistrado que, según audios, hacía tráfico de influencias. El presidente Petro tiene que responder por este nombramiento”, trinó el representante Andrés Forero, también de oposición, reclamando acciones contundentes. Si bien estas posiciones provienen de sectores contrarios al gobierno y buscan capitalizar políticamente el escándalo, reflejan una preocupación válida sobre la ética en la función pública.
