La Ley 2292 de 2023 permite que mujeres cabeza de familia condenadas por delitos menores cumplan sus penas mediante servicios de utilidad pública, promoviendo una justicia restaurativa y con enfoque de género.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
El 8 de marzo de 2023, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el Congreso de Colombia promulgó la Ley 2292, también conocida como Ley de Utilidad Pública. Esta normativa introduce un enfoque innovador en el sistema penal colombiano, permitiendo que mujeres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad, condenadas por delitos menores, puedan sustituir las penas de prisión por servicios de utilidad pública. La implementación formal de esta ley comenzó el 23 de diciembre de 2024, con la potencialidad de beneficiar a más de 5.000 mujeres en todo el país.
La Ley 2292 de 2023 tiene como objetivo adoptar acciones afirmativas para las mujeres cabeza de familia en materia de política criminal y penitenciaria. Establece que aquellas mujeres que hayan cometido delitos relacionados con su vulnerabilidad socioeconómica pueden cumplir sus penas fuera de prisión, prestando un servicio social a la comunidad no remunerado. Esta medida busca no solo reducir el hacinamiento carcelario, sino también ofrecer una alternativa que permita a estas mujeres continuar con sus responsabilidades familiares y contribuir positivamente a la sociedad.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, ha sido una de las principales impulsoras de la implementación de esta ley. Durante la socialización de la Resolución Defensorial n.º 003 de 2024 en la Cárcel El Buen Pastor de Bogotá, Marín Ortiz destacó la importancia de esta normativa: “La Ley 2292 de 2023 es una herramienta crucial para garantizar justicia con enfoque de género y diferencial, permitiendo que las mujeres cabeza de familia en situación de pobreza o marginalidad puedan cumplir sus penas de manera restaurativa y en libertad”.
La implementación de la Ley 2292 ha comenzado a mostrar resultados positivos. En Cartagena, la Cárcel Distrital de Mujeres reportó el primer caso de éxito en la aplicación de esta normativa. Una mujer, madre cabeza de familia, condenada por un delito menor, ha sido liberada y ahora cumple su condena mediante trabajo comunitario, lo que le permite cuidar de sus seres queridos mientras contribuye a la sociedad.
La Comisión Asesora de Política Criminal ha expresado su apoyo a la Ley 2292, considerándola un paso significativo hacia la adopción de alternativas a la prisión con enfoque de género. En un comunicado, la Comisión señaló: “La ley y su reglamentación constituyen un avance en la incorporación de sanciones con enfoque restaurativo que beneficien a la comunidad, especialmente para las mujeres cabeza de familia condenadas por delitos menores”.
La Ley 2292 de 2023 establece criterios específicos para que las mujeres puedan acceder a este beneficio. Entre ellos, se incluyen:
– Ser mujer cabeza de familia en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
– Haber sido condenada por delitos cuya pena no exceda los ocho años de prisión, como tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades o hurto.
– No haber cometido delitos violentos o que atenten contra la integridad de otras personas.
Las beneficiarias deberán prestar servicios de utilidad pública en entidades sin ánimo de lucro o instituciones públicas, contribuyendo al bienestar de la comunidad mientras cumplen con su sanción penal.
La implementación de esta ley también busca mitigar el impacto negativo que la privación de libertad de las madres tiene sobre sus hijos y familias. Al permitir que las mujeres cumplan sus penas en libertad, se promueve la unidad familiar y se reduce el riesgo de que los niños y adolescentes queden en situación de vulnerabilidad o sean reclutados por bandas delincuenciales.
Sin embargo, la aplicación efectiva de la Ley 2292 enfrenta desafíos. Es fundamental garantizar que las mujeres beneficiarias reciban el acompañamiento necesario para su reintegración social y que las entidades encargadas de supervisar el cumplimiento de las sanciones cuenten con los recursos adecuados. Además, es esencial sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de estas medidas para evitar estigmatizaciones y promover una cultura de reconciliación y apoyo comunitario.
