El conglomerado español Keralty, propietario de EPS Sanitas, ha presentado una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, solicitando una indemnización de 1.200 millones de dólares por la intervención estatal de su entidad promotora de salud en abril de 2024.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
El grupo español Keralty, propietario de la Entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas en Colombia, ha iniciado un proceso de arbitraje internacional contra el Estado colombiano. La acción legal se presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, con sede en Washington D.C. Keralty busca una indemnización de 1.200 millones de dólares, argumentando que la intervención gubernamental de su EPS en abril de 2024 constituyó una “expropiación indirecta” y violó el acuerdo de protección de inversiones entre Colombia y España firmado en 2005.
En abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia ordenó la intervención de EPS Sanitas, alegando la necesidad de corregir deficiencias administrativas y garantizar la prestación adecuada de servicios de salud a sus afiliados. Esta medida implicó la toma de control de los bienes y operaciones de la EPS a nivel nacional. Según el superintendente Luis Carlos Leal, la intervención buscaba “proteger el servicio y la salud de todas las personas en todo el territorio nacional“.
Tras la intervención, Keralty expresó su desacuerdo, calificando la medida de “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria“. La empresa argumentó que la situación financiera de EPS Sanitas se debía, en parte, a políticas gubernamentales que no reconocían adecuadamente las deudas acumuladas y la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto que el Estado paga a las EPS por cada afiliado para cubrir sus servicios de salud.
El arbitraje internacional es un mecanismo utilizado para resolver disputas entre inversores extranjeros y Estados, basado en tratados bilaterales o multilaterales que buscan proteger las inversiones. En este caso, Keralty se ampara en el acuerdo de protección recíproca de inversiones firmado entre Colombia y España en 2005. La empresa alega que la intervención de EPS Sanitas por parte del gobierno colombiano constituye una “expropiación indirecta”, es decir, una acción que, sin retirar formalmente la propiedad, priva al inversor de los beneficios y el control de su inversión.
El proceso ante el Ciadi implica varias etapas, incluyendo una fase de consultas y negociaciones entre las partes. Si no se llega a un acuerdo, se conforma un tribunal arbitral que analiza el caso y emite un laudo, o decisión final. Este procedimiento puede extenderse por varios años.
