El Gobierno Nacional ha presentado un borrador de decreto que busca regular el uso de la hoja de coca y la amapola con fines médicos, científicos e industriales, permitiendo que entidades públicas gestionen su cultivo y aprovechamiento bajo estricta supervisión.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
El Ministerio de Justicia de Colombia ha dado a conocer un borrador de decreto que propone la regulación del uso de la hoja de coca y la amapola con fines médicos, científicos e industriales. Esta iniciativa busca establecer un marco legal que permita a entidades públicas cultivar y utilizar estas plantas de manera controlada, con el objetivo de promover su aprovechamiento lícito y reducir su vinculación con actividades ilegales.
Detalles del decreto
El documento, que consta de 28 páginas y nueve secciones, propone incluir disposiciones específicas sobre el cultivo y uso de la hoja de coca y la amapola. Entre los aspectos más destacados se encuentran:
Autorizaciones exclusivas para entidades públicas: Solo las entidades públicas colombianas podrán gestionar actividades relacionadas con estas plantas, minimizando el riesgo de desvío hacia mercados ilícitos.
Rol del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE): Este organismo será el encargado de otorgar las autorizaciones necesarias para el cultivo y uso de la hoja de coca y la amapola, asegurando un control riguroso sobre estas actividades.
Excepciones para usos ancestrales: El decreto reconoce y respeta los usos tradicionales de la hoja de coca por parte de comunidades indígenas, eximiéndolas de las autorizaciones y requerimientos establecidos para otros actores.
Reacciones
La propuesta ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Algunos sectores de la oposición han expresado su preocupación, argumentando que el decreto podría abrir la puerta a la legalización de todos los cultivos de coca en el país. El senador David Luna, por ejemplo, acusó al Gobierno de buscar legalizar estos cultivos mediante decretos, lo que ha avivado el debate sobre las implicaciones de esta medida.
Por otro lado, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ha defendido la iniciativa, afirmando que regular la coca permitirá quitarle el negocio al crimen organizado y promover su uso con fines lícitos. Buitrago enfatizó que el decreto se enmarca en la Ley 30 de 1986 y cumple con los estándares de la política penal nacional y convenios internacionales como la Convención sobre Estupefacientes de 1961.
Esta iniciativa representa un cambio significativo en la política antidrogas de Colombia, al buscar alternativas al enfoque tradicional de erradicación forzada. Al regular el uso de la hoja de coca y la amapola, el Gobierno pretende ofrecer opciones legales a los cultivadores, reducir la influencia de grupos armados ilegales y fomentar el desarrollo rural. Sin embargo, la efectividad de esta medida dependerá de su implementación y de la capacidad del Estado para controlar y supervisar estas actividades.
