La medida, adoptada en Consejo de Ministros, busca ajustar las finanzas públicas ante la caída en el recaudo tributario y garantizar el cumplimiento de la Regla Fiscal.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
El Gobierno Nacional ha anunciado un recorte de $28,4 billones en el Presupuesto General de la Nación para el año 2024. Esta determinación, tomada durante el reciente Consejo de Ministros, responde a la necesidad de ajustar el gasto público ante una disminución en el recaudo de impuestos y con el objetivo de cumplir con la Regla Fiscal establecida.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que la reducción del presupuesto, que inicialmente ascendía a más de $502 billones, se debe a que no se alcanzaron las metas de recaudo previstas. “No se obtuvo la meta de recaudo, de tal manera que parte del presupuesto del 2024 no está adecuadamente financiado y nos hemos visto obligados a hacer este tipo de ajuste“, afirmó Bonilla. Con este recorte, el presupuesto se sitúa en $472 billones, lo que representa una disminución del 5,6%.
La caída en el recaudo tributario ha sido notable. Hasta septiembre de 2024, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reportó una recolección de menos de $206 billones, en contraste con los $224 billones obtenidos en el mismo periodo del año anterior. Impuestos como el IVA y el gravamen a los movimientos financieros han crecido por debajo de la inflación, contribuyendo a la necesidad del recorte.
El ajuste presupuestal se distribuye en dos grandes rubros: funcionamiento e inversión. En el primero, se recortarán $18,2 billones, afectando principalmente a los sectores de Hacienda, Trabajo, Defensa, la Rama Judicial y la Fiscalía. En cuanto a la inversión, la reducción será de $10,1 billones, impactando áreas como Inclusión Social y Reconciliación, Hacienda, Transporte, Agricultura y Vivienda.
A pesar de la magnitud del recorte, el ministro Bonilla aseguró que se preservarán inversiones fundamentales para garantizar la alimentación infantil, los derechos básicos de niños y niñas, la gratuidad en la educación superior y la respuesta a las necesidades de agua apta para consumo humano. Además, se priorizarán las transferencias del Departamento de Prosperidad Social para programas como Renta Ciudadana, que requiere $1,3 billones.
La decisión ha generado diversas reacciones. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) había sugerido una reducción aún mayor, estimando que se requería una disminución de $56,2 billones para cumplir con la meta fiscal. Sin embargo, el Gobierno optó por un recorte menor, argumentando la necesidad de atender emergencias como la invernal, que demanda recursos adicionales.
Por su parte, analistas económicos han señalado que, si bien el ajuste es necesario para mantener la disciplina fiscal, es fundamental que el Gobierno implemente medidas que fortalezcan el recaudo tributario y promuevan el crecimiento económico. La caída en los ingresos fiscales refleja desafíos estructurales que deben ser abordados para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En el ámbito político, la oposición ha criticado la gestión económica del Gobierno, señalando que la necesidad de un recorte de esta magnitud evidencia fallas en la planificación y ejecución de las políticas fiscales. Algunos congresistas han manifestado su preocupación por el impacto que estas reducciones puedan tener en programas sociales y en la prestación de servicios básicos a la ciudadanía.
Organizaciones de la sociedad civil también han expresado inquietudes. Aunque el Gobierno ha asegurado que sectores como salud y educación no se verán afectados, existe preocupación por posibles disminuciones en áreas sensibles que afectan directamente el bienestar de la población más vulnerable. Líderes comunitarios han instado al Ejecutivo a garantizar que los recortes no comprometan programas esenciales para el desarrollo social.
En respuesta a estas preocupaciones, el ministro Bonilla ha reiterado el compromiso del Gobierno con la protección de los programas sociales y ha enfatizado que el ajuste se ha realizado de manera cuidadosa para minimizar el impacto en la población. “Estamos trabajando en la misma línea, que es garantizar que los programas sociales no se vean afectados y que podamos cumplir con nuestras metas fiscales“, afirmó.
