La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al expresidente de Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, y a otros tres exdirectivos, por presuntas irregularidades en el manejo financiero de la entidad, incluyendo el ocultamiento de facturas y el desvío de recursos destinados a las IPS.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar.
La Fiscalía General de la Nación ha imputado cargos al expresidente de Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, junto con otros tres exdirectivos de la entidad, por su presunta participación en el ocultamiento de aproximadamente 14 millones de facturas y el desvío de $70.500 millones destinados al pago de deudas con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
Estas imputaciones surgen tras una auditoría realizada por la Superintendencia Nacional de Salud, que evidenció que, desde 2019, Nueva EPS habría ocultado facturas internas que no fueron legalizadas, lo que resultó en una deuda acumulada de $5,5 billones con las IPS. El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, señaló que “se estaban ocultando muchas facturas; no eran $500.000 millones, sino $5,5 billones lo que tenía de deuda con el sistema”.
La investigación también reveló que, durante la administración de Cardona, se implementó una práctica conocida como “jineteo”, que consistía en ocultar facturas de cada año y registrarlas como si pertenecieran al siguiente, con el objetivo de presentar un balance financiero más favorable. Esta estrategia habría permitido a la entidad mostrar utilidades ficticias y ocultar la real situación financiera de la EPS.
En respuesta a estas acusaciones, exmiembros de la junta directiva de Nueva EPS han rechazado los señalamientos y han exigido una rectificación pública por parte de la Superintendencia de Salud. Argumentan que no hubo ocultamiento intencional de facturas y que la falta de aprobación de los estados financieros responde a problemas administrativos y no a un intento de fraude.
Este caso ha generado una profunda preocupación en el sector salud, dado que Nueva EPS es la entidad prestadora de salud con mayor número de afiliados en el país, superando los 10 millones. Las presuntas irregularidades en su administración han puesto en entredicho la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos destinados a la atención en salud de millones de colombianos.
Las autoridades competentes continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Se espera que este proceso judicial siente un precedente en la vigilancia y control de las entidades prestadoras de salud en Colombia.
