La Fiscalía General de la Nación presentó evidencias que implican a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz en la organización de reuniones para coordinar sobornos, con la participación de altos funcionarios como Carlos Ramón González y Olmedo López.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
La Fiscalía General de la Nación ha revelado detalles sobre la presunta participación de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, en un esquema de sobornos que involucra a altos funcionarios del gobierno. Según el ente acusador, Ortiz habría organizado varias reuniones en las que participaron Carlos Ramón González, quien en ese momento se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), y Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entre otros, con el objetivo de ejercer influencias indebidas y facilitar la entrega de sobornos.
La investigación señala que Ortiz actuó como intermediaria en la entrega de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y de 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Estos pagos habrían sido coordinados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, bajo las instrucciones de Carlos Ramón González. La fiscal Andrea Muñoz, encargada del caso, afirmó: “Coordinó, usted, señor Olmedo, con Sneyder Pinilla, la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, quien para la época de los hechos era la consejera para las regiones de la Presidencia de la República“.
La Fiscalía ha citado a Sandra Ortiz a una audiencia de imputación de cargos por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, programada para el 29 de noviembre de 2024. Ortiz se convierte así en la primera alta funcionaria del gobierno del presidente Gustavo Petro en ser vinculada formalmente a una investigación por el escándalo de la UNGRD.
En respuesta a las acusaciones, Ortiz ha calificado la imputación de la Fiscalía como “inflada” y ha denunciado discriminación de género en su contra. A través de su cuenta en la red social X, expresó: “Es inaceptable que se me catalogue como ‘el eslabón más débil’ y que se utilice mi condición de mujer para atacarme sin pruebas reales”. Además, afirmó que ha asistido a más de seis citaciones ante la justicia y que cuenta con pruebas para desmentir su presunta participación en el caso de la UNGRD.
Por su parte, Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, ha sido señalado por la Fiscalía como quien dio la orden para el pago de los sobornos a los congresistas. La fiscal Muñoz indicó que González instruyó a Olmedo López y Sneyder Pinilla para coordinar la entrega de los dineros a través de Sandra Ortiz.
Este escándalo de corrupción ha generado una serie de reacciones en el ámbito político y social. Organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación por la presunta participación de altos funcionarios en actos de corrupción y han exigido una investigación exhaustiva y transparente. Asimismo, han solicitado que se tomen medidas para garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro.
