El asesor del DAPRE y enlace con el Congreso será interrogado por su supuesto rol en la red de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
La Fiscalía General de la Nación ha citado a interrogatorio a Jaime Ramírez Cobo, asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y enlace entre el Ejecutivo y el Congreso, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Ramírez Cobo, de 32 años, es reconocido por su cercanía con Laura Sarabia, actual directora del DAPRE, con quien ha trabajado desde la campaña presidencial de 2022. Su rol como enlace con el Congreso lo ha posicionado como una figura clave en la articulación entre el Gobierno y el Legislativo.
La citación se produce tras las declaraciones de Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirectivos de la UNGRD, quienes señalaron a Ramírez Cobo como un facilitador en la asignación de contratos a congresistas a cambio de apoyo a proyectos gubernamentales. Según estos testimonios, Ramírez habría entregado órdenes concretas sobre contratos para congresistas, condicionando su ejecución a la aprobación de créditos de la nación, una misión a cargo del Ministerio de Hacienda.
En respuesta a las acusaciones, Ramírez Cobo ha negado cualquier participación en actividades ilegales y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía solicitando una investigación sobre las afirmaciones que lo vinculan a una red de contratación ilegal.
La investigación también ha salpicado a otros funcionarios gubernamentales. María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, ha declarado ante la Fiscalía sobre la supuesta participación del ministro Ricardo Bonilla en la asignación de contratos a congresistas. Según Benavides, recibió instrucciones para coordinar la entrega de contratos de obra por 92.000 millones de pesos, destinados a obtener apoyo legislativo para proyectos del Gobierno.
La citación de Ramírez Cobo está programada para el 21 de enero, y se espera que su testimonio aporte claridad sobre su rol en los hechos investigados. En los próximos días, se espera que la Fiscalía avance en las diligencias correspondientes, incluyendo la recolección de pruebas y testimonios adicionales, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.
