María Alejandra Benavides, exasesora del ministro Ricardo Bonilla, declara ante la Fiscalía sobre la participación del exministro Luis Fernando Velasco en la asignación irregular de cupos indicativos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
En el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha proporcionado a la Fiscalía detalles sobre la participación de altos funcionarios en la asignación indebida de cupos indicativos. Entre los señalados se encuentra el exministro Luis Fernando Velasco, quien, presuntamente, habría estado involucrado en reuniones clave para direccionar contratos de manera irregular.
El escándalo de corrupción en la UNGRD salió a la luz pública en 2024, cuando se descubrieron maniobras para adjudicar contratos millonarios sin el debido proceso, beneficiando a ciertos municipios y, presuntamente, a congresistas que apoyaban las reformas del gobierno. Según las investigaciones, estos contratos, que sumaban alrededor de 92.000 millones de pesos, presuntamente, habrían sido otorgados a dedo, contraviniendo los principios de transparencia y legalidad.
María Alejandra Benavides, quien se desempeñó como asesora en la oficina de enlace del Ministerio de Hacienda, ha sido vinculada al caso tras las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD. Estos exfuncionarios señalaron que Benavides era la encargada de coordinar con congresistas para facilitar la entrega de contratos a cambio de apoyo a las iniciativas gubernamentales.
En su declaración ante la Fiscalía, Benavides detalló cómo, bajo la dirección del entonces ministro Luis Fernando Velasco, se organizaron reuniones en las que participaron altos funcionarios y congresistas para discutir la distribución de los llamados “cupos indicativos“. Estos cupos son asignaciones presupuestales que, en teoría, deberían destinarse a proyectos de interés general, pero que, según las denuncias, fueron utilizados para favorecer a aliados políticos y asegurar votos en el Congreso.
La exasesora también reveló que, en dichas reuniones, se acordaba el direccionamiento de contratos hacia municipios específicos, como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), en los cuales ciertos senadores y representantes tenían intereses particulares. Estas acciones habrían sido coordinadas con el objetivo de obtener respaldo legislativo para las reformas propuestas por el Ejecutivo.
La Fiscalía ha tomado en serio las declaraciones de Benavides y ha iniciado una serie de diligencias para corroborar la información proporcionada. Entre las acciones emprendidas se encuentra el allanamiento de la residencia de la exasesora, ordenado por la Corte Suprema de Justicia, con el fin de recolectar pruebas que sustenten las acusaciones.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también ha sido mencionado en el marco de estas investigaciones. Según las declaraciones de los exdirectivos de la UNGRD, Bonilla habría coordinado con Olmedo López, María Alejandra Benavides y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos hacia los municipios mencionados, en los cuales ciertos legisladores tenían intereses indebidos.
Ante estas acusaciones, el ministro Bonilla ha rechazado cualquier implicación en actos de corrupción y ha manifestado su disposición a colaborar con las investigaciones para esclarecer los hechos. Sin embargo, la gravedad de las denuncias ha llevado a que la Fiscalía compulse copias a la Corte Suprema de Justicia para que se determine si los congresistas involucrados incurrieron en algún delito.
La situación de María Alejandra Benavides se ha visto aún más complicada debido a las amenazas que ha recibido tras sus declaraciones. Según su abogado, Jaime López, la exasesora y su familia han sido objeto de intimidaciones a través de mensajes de WhatsApp, lo que ha llevado a solicitar medidas de protección para garantizar su seguridad.
Este escándalo ha puesto en entredicho la gestión de recursos destinados a la atención de emergencias y desastres en el país. La UNGRD, entidad encargada de coordinar la respuesta a situaciones de calamidad, ha sido señalada por presuntas prácticas corruptas que afectan la eficacia de sus intervenciones y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
La Procuraduría General de la Nación ha anunciado que iniciará una investigación disciplinaria para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en estos hechos. Asimismo, se ha instado a las entidades de control a reforzar los mecanismos de vigilancia sobre la asignación y ejecución de recursos públicos, con el fin de prevenir futuros actos de corrupción.
Al cierre de esta edición, no logramos obtener respuesta del Ex Ministro sobre este particular.
