El empresario Emilio Tapia aceptó su responsabilidad en el caso de corrupción de ‘Centros Poblados’, acordando con la Fiscalía una condena de seis años y tres meses de prisión, además de la devolución de 5.000 millones de pesos al Estado.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
El empresario Emilio Tapia, conocido por su implicación en varios escándalos de corrupción en Colombia, ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el caso de ‘Centros Poblados’. Este caso involucró la adjudicación irregular de un contrato por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para llevar conectividad a internet a zonas rurales del país, contrato que ascendía a más de un billón de pesos.
Tapia, quien ya había sido condenado por su participación en el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que aceptó los cargos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y fraude procesal. Como parte del acuerdo, se comprometió a devolver 5.000 millones de pesos al Estado, de los cuales ya ha reintegrado 2.500 millones; el resto será entregado mediante la cesión de bienes inmuebles ubicados en Medellín y Girardot.
Durante la audiencia, Tapia expresó: “Sí, señor juez, me considero responsable, considerando y teniendo en cuenta todo lo explicado por la doctora Diana, en el entendido de que los delitos se cometen por acción y omisión“.
El caso de ‘Centros Poblados’ salió a la luz en 2021, cuando se descubrió que la Unión Temporal Centros Poblados, de la cual Tapia era uno de los principales artífices, había obtenido fraudulentamente un contrato con el MinTIC para instalar más de 7.000 centros digitales en zonas rurales. Para asegurar la adjudicación, se presentaron documentos falsos y pólizas de garantía fraudulentas, lo que permitió el desembolso de un anticipo de 70.000 millones de pesos. Estos recursos fueron desviados para la adquisición de bienes personales, incluyendo apartamentos, vehículos de alta gama y obras de arte.
La entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen, enfrentó fuertes críticas y cuestionamientos por la falta de supervisión en la adjudicación del contrato, lo que finalmente llevó a su renuncia en septiembre de 2021. El escándalo también generó un amplio debate sobre la transparencia en la contratación pública y la necesidad de reforzar los mecanismos de control para evitar la malversación de fondos destinados a proyectos sociales.
