Un estudio de Fedesarrollo y el BID revela que, en 2022, el costo económico del crimen y la violencia en Colombia ascendió al 3,64% del PIB, superando los presupuestos anuales de educación y salud.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
Un reciente estudio realizado por Fedesarrollo en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha puesto en evidencia el elevado costo económico que representan el crimen y la violencia en Colombia. Según el informe, en 2022, estos fenómenos costaron al país el 3,64% de su Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a aproximadamente 68 billones de pesos. Esta cifra supera los presupuestos anuales destinados a educación y salud, resaltando la magnitud del impacto económico de la inseguridad en la nación.
El estudio detalla que los costos asociados al crimen y la violencia se dividen en tres categorías principales:
1. Pérdida de productividad (0,88% del PIB): Incluye la disminución en la capacidad productiva debido a las víctimas de homicidios, delitos no letales y la privación de libertad de los agresores. Estas situaciones reducen la contribución económica de las personas afectadas y de quienes están encarcelados.
2. Gastos estatales en seguridad y justicia (1% del PIB): Reflejan los recursos que el Estado asigna a la policía, el sistema judicial y el sistema penitenciario. Estos fondos, esenciales para mantener el orden y la seguridad, limitan la disponibilidad de recursos para otras áreas fundamentales como la salud y la educación.
3. Inversiones privadas en seguridad (1,76% del PIB): Corresponden a los gastos que las empresas y negocios realizan en medidas de seguridad para protegerse de la criminalidad, incluyendo vigilancia privada, sistemas de seguridad y seguros. Estos recursos podrían destinarse a la expansión y modernización de las empresas, pero se ven comprometidos por la necesidad de protegerse contra el crimen.
La inseguridad no solo afecta directamente a las víctimas y a las finanzas públicas, sino que también tiene repercusiones negativas en sectores económicos vitales como el turismo y el comercio. La percepción de inseguridad puede disuadir a turistas e inversionistas, limitando el crecimiento económico y afectando la generación de empleo. Además, la migración de personas y empresas hacia zonas más seguras puede generar desequilibrios económicos y sociales en las regiones más afectadas por la violencia.
A nivel regional, el informe destaca que Colombia ocupa la octava posición entre 22 países de América Latina y el Caribe en términos de costos totales asociados al crimen y la violencia como porcentaje del PIB. Esto indica que, aunque la situación en Colombia es grave, otros países de la región también enfrentan desafíos significativos en materia de seguridad y sus implicaciones económicas.
Ante estos hallazgos, expertos y autoridades han enfatizado la necesidad de implementar políticas públicas enfocadas en la prevención del crimen y la mejora de la justicia. El BID y otros economistas destacan la importancia de una colaboración regional para enfrentar el crimen organizado y reducir los costos asociados a la violencia. Además, se subraya la urgencia de fortalecer la educación y las oportunidades económicas para los jóvenes, con el fin de alejarlos de actividades delictivas y promover un crecimiento económico sostenible.
