El presidente Gustavo Petro nombró a Antonio Sanguino como nuevo ministro de Trabajo, a pesar de que enfrenta una imputación por presunto tráfico de influencias y cohecho impropio durante su periodo como concejal de Bogotá.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
El 12 de febrero de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la designación de Antonio Sanguino como nuevo ministro de Trabajo, en reemplazo de Gloria Inés Ramírez. Este nombramiento ha generado debate debido a que Sanguino enfrenta un proceso judicial por presunta corrupción.
Antecedentes del proceso judicial
En octubre de 2024, la Fiscalía General de la Nación imputó a Sanguino por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho impropio. Según el ente acusador, durante su gestión como concejal de Bogotá entre 2008 y 2011, Sanguino habría intervenido para que una persona de su confianza fuera nombrada como gerente del Hospital de Usme. Además, se le señala de haber participado en un acuerdo con un contratista y el entonces secretario de Salud, Héctor Zambrano, para repartirse beneficios económicos derivados de contratos relacionados con la construcción del mencionado hospital.
En enero de 2025, la Fiscalía radicó el escrito de acusación formal contra Sanguino, y se está a la espera de la programación de la audiencia en la que se definirá si el caso va a juicio.
Respuesta de Antonio Sanguino
Tras conocerse su designación y las imputaciones en su contra, Sanguino afirmó no haber sido notificado de ninguna acusación formal. A través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), expresó: “Reitero mi total inocencia y mi disposición absoluta para atender los requerimientos de las autoridades competentes. Jamás fui relacionado con hechos ilegales del llamado ‘Cartel de la Contratación’, por el contrario, como es de conocimiento público, fui uno de los denunciantes”.
Sanguino también señaló que, en su momento, fue investigado por la Corte Suprema de Justicia por los mismos hechos, pero que dicha instancia “nunca formuló cargos” en su contra. Asimismo, indicó que ninguna de las anteriores administraciones de la Fiscalía General de la Nación lo había vinculado formalmente a un proceso judicial por estos hechos.
Reacciones al nombramiento
El nombramiento de Sanguino ha generado diversas reacciones en el ámbito político colombiano. Algunos sectores de la oposición han cuestionado la decisión del presidente Petro, argumentando que un funcionario imputado por corrupción no debería liderar una cartera que tiene como misión garantizar los derechos laborales y la equidad. Por ejemplo, la representante a la Cámara Marelen Castillo expresó en sus redes sociales: “El nombramiento de Antonio Sanguino como ministro de Trabajo es una burla al país. Un funcionario imputado por corrupción no puede liderar una cartera que debería garantizar derechos y equidad”.
Por otro lado, aliados del Gobierno han defendido la designación, destacando la trayectoria política de Sanguino y su compromiso con las reformas laborales y pensionales propuestas por la administración actual. El exministro Juan Fernando Cristo comentó: “Suerte Antonio. Con su liderazgo, capacidad y disposición al diálogo se podrá avanzar en el trámite que falta para una reforma laboral que restablezca derechos a los trabajadores. Llega al gabinete además un entusiasta defensor del acuerdo de paz”.
Implicaciones para el Gobierno
La designación de Antonio Sanguino se produce en medio de una reorganización del gabinete ministerial por parte del presidente Petro, quien ha solicitado la renuncia protocolaria de todos sus ministros con el objetivo de fortalecer su equipo de trabajo. Sanguino, de 59 años, es sociólogo de profesión y ha tenido una amplia trayectoria en la política colombiana, incluyendo roles como concejal de Bogotá, senador y jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá.
Su nombramiento implica que asumirá la responsabilidad de liderar la implementación de la reforma pensional y de impulsar la reforma laboral, dos de los proyectos más ambiciosos del actual Gobierno en materia social y económica. Sin embargo, el proceso judicial en su contra podría generar desafíos adicionales en la gestión de la cartera laboral y en la percepción pública sobre el compromiso del Gobierno con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Conclusión
La designación de Antonio Sanguino como ministro de Trabajo ha generado un debate en Colombia debido al proceso judicial que enfrenta por presunta corrupción durante su tiempo como concejal de Bogotá. Mientras algunos sectores critican su nombramiento, otros destacan su experiencia y compromiso con las reformas propuestas por el Gobierno. Será fundamental observar cómo se desarrolla este caso y cuáles serán las implicaciones para la gestión del Ministerio de Trabajo y para la agenda reformista del presidente Gustavo Petro.
