En los últimos dos años, las quejas por fallas en la prestación de servicios de salud aumentaron un 75,7%, según la Defensoría del Pueblo.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar.
La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta sobre el deterioro crítico del sistema de salud en Colombia, evidenciado por un incremento del 75,7% en las quejas relacionadas con la prestación de servicios en los últimos dos años. Este aumento refleja las dificultades que enfrentan los ciudadanos para acceder a servicios médicos oportunos y de calidad.
Principales problemáticas identificadas:
- Atención en medicina especializada: Las quejas por demoras en citas con especialistas pasaron de 4.262 en 2022 a 9.349 en 2024.
- Acceso a servicios médicos esenciales: Las reclamaciones aumentaron de 4.607 en 2022 a 7.714 en 2024.
- Entrega de medicamentos: Las quejas se duplicaron, pasando de 2.123 en 2022 a 5.284 en 2024.
- Incumplimiento de tutelas y desacatos judiciales: Se evidenció un incremento en las denuncias por no acatar fallos judiciales relacionados con la salud.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, expresó: “La crisis del sistema de salud ha alcanzado niveles críticos. No podemos permitir que los problemas de accesibilidad ahora se conviertan en problemas de disponibilidad. Con o sin reforma, se deben tomar medidas inmediatas para garantizar el derecho fundamental a la salud”.
Regiones como el sur de Bolívar, sur de Córdoba, Sucre, Vichada, Santander, Caldas, Valle y Nariño presentan situaciones especialmente críticas en la prestación de servicios médicos.
Propuestas de la Defensoría del Pueblo:
- Establecer Puestos de Mando Unificado en Salud: Con capacidad resolutiva en las regiones priorizadas para atender las situaciones más críticas.
- Implementar el Auto 007-2025 de la Corte Constitucional: Que declaró el incumplimiento general respecto de la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación. La Defensoría realizará seguimiento riguroso a su cumplimiento, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos del sector.
- Asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de salud: Fortaleciendo la red de prestadores y agilizando la entrega de medicamentos.
La Defensora Marín enfatizó: “El Gobierno tiene el deber de fortalecer la red de prestadores y agilizar la entrega de medicamentos. Las entidades privadas, como EPS, IPS y farmacéuticas, deben resolver con urgencia los problemas de disponibilidad de servicios y medicamentos“.
La crisis en el sector salud ha generado diversas reacciones. El presidente Gustavo Petro ha señalado a empresarios del sector y a medios de comunicación de manipular la información y acaparar medicamentos para desestabilizar su gobierno. Petro afirmó: “Estamos rodeados de porquería, pero el pueblo puede limpiar. Los vampiros quieren oscuridad, pero quiero que se prenda la luz“.
Por su parte, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y distribuidoras de medicamentos argumentan que la crisis se debe a la falta de pagos del gobierno. La Superintendencia de Salud encontró 113.000 unidades de insulina en una bodega de Audifarma, lo que Petro consideró prueba de acaparamiento. Sin embargo, Audifarma explicó que se trataba de un proceso normal de distribución.
La Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de un debate estructural sobre el sistema de salud. Marín Ortiz señaló: “El sistema actual necesita reformas. Hay consenso en que se requiere fortalecer la atención primaria en salud, en que existen problemas en el esquema de rectoría y gobernanza, la infraestructura hospitalaria es limitada, es difícil interpretar la correlación entre los recursos asignados y la garantía del derecho a la salud, y es necesario reformar las condiciones laborales del personal de salud. Esta crisis debe ser una oportunidad para corregir estos problemas y fortalecer el sistema“.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo ha propuesto que cualquier reforma debe:
- Preservar los avances alcanzados en el sistema de salud, garantizando que el nuevo modelo no sea regresivo.
- Asegurar la sostenibilidad financiera del sistema, con un esquema de financiación sólido y equitativo.
- Incluir un plan de transición detallado, con indicadores específicos y mecanismos de seguimiento, respaldado por un estudio independiente de sostenibilidad fiscal.
- Fortalecer el control sobre el acceso y uso racional de los medicamentos.
- Garantizar un proceso de deliberación amplio e incluyente, donde se escuchen todas las voces involucradas en el sistema de salud.
