Otty Patiño reconoce que los grupos armados actuales carecen de trasfondo ideológico, enfocándose en economías ilegales, lo que genera críticas ante la ausencia de una ley de sometimiento específica.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
En recientes declaraciones, el comisionado de paz de Colombia, Otty Patiño, afirmó que los grupos armados al margen de la ley que operan actualmente en el país no poseen un trasfondo ideológico o político. Según Patiño, el principal interés de estas organizaciones radica en mantener el control sobre la población y perpetuar actividades económicas ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal. Esta perspectiva contrasta con la naturaleza de grupos insurgentes del pasado, que se identificaban con ideologías políticas específicas.
La afirmación de Patiño ha reavivado el debate sobre la estrategia del gobierno en los procesos de negociación y sometimiento de estos grupos. Actualmente, Colombia cuenta con un marco normativo diseñado para negociar con grupos rebeldes que tienen una motivación política. Sin embargo, la ausencia de una ley de sometimiento específica para organizaciones criminales sin trasfondo ideológico ha generado críticas y cuestionamientos sobre la eficacia de las políticas de paz del gobierno.
La Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, ha sido la base legal para los procesos de paz en Colombia. Esta ley ha sido prorrogada y modificada en varias ocasiones para adaptarse a las circunstancias cambiantes del conflicto armado. No obstante, su enfoque principal ha sido facilitar negociaciones con grupos que tienen una agenda política definida. La falta de una legislación específica para el sometimiento de bandas criminales con fines meramente económicos ha dejado un vacío en la estrategia de paz del país.
En este contexto, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha propuesto la llamada “Paz Total”, una iniciativa que busca abrir canales de diálogo tanto con grupos insurgentes como con organizaciones criminales. Sin embargo, la implementación de esta política ha enfrentado desafíos significativos. La falta de una ley de sometimiento clara y específica ha dificultado las negociaciones con bandas criminales, que no se identifican con una causa política y cuyo principal objetivo es el lucro económico.
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, ha expresado su desacuerdo con el proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales presentado por el gobierno. En un concepto entregado a la Comisión Nacional de Política Criminal, Cabello señaló que existen puntos en el documento que no están claros y que deben revisarse antes de que inicie el trámite en el Congreso de la República.
Por otro lado, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno de los principales grupos insurgentes con los que el gobierno ha entablado diálogos de paz, ha manifestado su descontento con su inclusión en la lista de Grupos Armados Organizados (GAO). El máximo comandante del ELN, Antonio García, ha advertido que la falta de acción del gobierno para excluirlos de esta lista podría poner en riesgo futuros acuerdos de paz.
Ante estas críticas, el comisionado Otty Patiño ha defendido la posición del gobierno, argumentando que la clasificación del ELN como GAO es adecuada y que cualquier cambio en esta designación depende del Congreso de la República. Patiño ha enfatizado que, aunque el gobierno está comprometido con los procesos de paz, es necesario contar con un marco legal claro que permita avanzar en las negociaciones y sometimientos de los diferentes grupos armados.
La situación actual plantea desafíos complejos para la política de paz en Colombia. La coexistencia de grupos con diferentes motivaciones y estructuras requiere enfoques diferenciados y marcos legales específicos. La falta de una ley de sometimiento para bandas criminales ha limitado las opciones del gobierno para negociar con estas organizaciones, mientras que los procesos de paz con grupos insurgentes enfrentan obstáculos relacionados con su clasificación y reconocimiento político.
