La crisis de las EPS no depende ni se soluciona con el aumento de la UPC, mientras el sistema no experimente una profunda transformación
Por: Felipe Solarte Nates
La Unidad de pago por capitación (UPC) es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado.
La UPC-Subsidiada, UPC-S, es el valor reconocido para cubrir el POS subsidiado y también es referida como UPC plena o subsidio pleno. Ese valor es definido actualmente por la Comisión de Regulación en Salud-CRES y hoy en día, el Acuerdo N° 19 de 2010 es el acuerdo vigente en esta materia.
Según informe publicado por el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, en los diarios El Espectador y El Tiempo, refrendado por la alocución presidencial del presidente Petro, emitida por la televisión nacional el martes 15 de julio, la crisis de las EPS no depende ni se soluciona con el aumento de la UPC.
Mientras el sistema no experimente una profunda transformación que permita mayor control y seguimiento de los recursos que cumplidamente les giró el gobierno en 2024 por cuantía de $87,8 billones, sin que se hayan puesto al día con, prestadores, clínicas, hospitales y proveedores farmacéuticos que atienden a sus afiliados, mientras la deuda continúa creciendo.
“Esto significa que los recursos públicos sí están llegando, pero no se están gestionando con la eficiencia ni transparencia necesarias”, escribe el Contralor.
“No basta con aumentar los giros. Si el sistema pierde su capacidad para transformar esos recursos en atenciones efectivas, estaremos ante un colapso funcional, no sólo financiero. En 2024, a las EPS les radicaron facturas por más de $$14,7 billones en medicamentos de los cuales les pagaron $13,3 billones, situación que golpea especialmente el acceso relacionado con la cadena de suministro farmacéutico. La deuda total con los gestores farmacéuticos asciende a $2,8 billones y es una de las principales causas del crecimiento de las más de 1, 6 millones de Protestas, Quejas, Reclamos y Solicitudes, (PQRS) radicadas el año pasado.
“A esto se suma un fenómeno que no se puede seguir ignorando: la ineficacia de las intervenciones administrativas. Más de 29 millones de afiliados están en EPS bajo medida de vigilancia o intervención, pero no se ha logado revertir la situación crítica de estas entidades ni mejorar sustancialmente la calidad del servicio”.
Contrariando la narrativa predominante divulgada a través de los principales medios de comunicación, pronunciamientos de dirigentes gremiales de las EPS y de los principales grupos económicos del país, que achacan la crisis actual al gobierno por no incrementar la UPC al gusto de las EPS, el contralor advierte, que, con la actual estructura administrativa sin mayores controles ni seguimiento del manejo de los recursos, de las 29 EPS sobrevivientes y activas, de las 157 creadas inicialmente, “solo 6 cumplen con los indicadores de habilitación financiera y de solvencia, y apenas atienden al 10,9 % de los afiliados, no tienen claras sus cuentas y el seguirles girando equivale a echar los dineros en un barril sin fondo.
El caso más ilustrativo es el de la Nueva EPS, que después de la “quiebra” de varias EPS recogió el mayor número de afiliados, no ha presentado estados financieros para 2023 y 2024 , presenta un patrimonio negativo y lidera el número de PQRS. Su situación presenta un riesgo de primer orden para la estabilidad del sistema”. Con mayor razón cuando se descubrió en un depósito miles de facturas de años pasados sin registrar y por cuantía cercana a $9 billones.
Fuera del informe del contralor General de la República, también es conocida la influencia que desde tiempo atrás tienen destacados dirigentes políticos de partidos como Cambio Radical y de la U, en las juntas directivas de las EPS, la FIDUPREVISORA y el FOMAG, entre otras entidades que administran recursos de la salud y a los cuales no les conviene que la Reforma a la Salud los prive de manejar la totalidad de los cerca de 90 billones que anualmente destina el gobierno para las EPS.
Por esta razón no les interesa que avance la Reforma a la Salud y la boicotean por todos los medios a su alcance, incluidos los de comunicación, al servicio de los grandes grupos económicos y políticos que tradicionalmente han manejado el país, tratando de posicionar la versión de que el gobierno es el principal culpable de la crisis de la salud que se agudizó durante los 3 últimos años.
“No podemos reducir el debate a la necesidad de aumentar el presupuesto; también es fundamental mejorar los mecanismos de control sobre el gasto de esos recursos. Desde este órgano de control proponemos avanzar en una concertación nacional técnica y transparente, que permita articular acciones entre el gobierno, los entes de control, los actores del sistema, el Congreso y la ciudadanía. Esta concertación debe promover la construcción de un sistema de trazabilidad total de los recursos, garantizando que cada peso invertido en salud cumpla con su propósito social.
Es necesario fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control, dotándolos de mayor capacidad técnica y operativa, así como implementar un sistema de auditoria integral sobre las cuentas médicas y los contratos. Todo ello debe darse en el marco de un esquema de transición ordenado, que no traslade nuevos riesgos ni barreras de acceso a los usuarios”, destaca el contralor en su escrito.
