La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia realizó una inspección en el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) tras denuncias de presunta corrupción que podrían implicar a 28 parlamentarios. El INVÍAS manifestó su plena colaboración con las autoridades para esclarecer los hechos.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llevó a cabo una inspección en las instalaciones del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) en respuesta a denuncias de presunta corrupción que podrían involucrar a 28 congresistas. Esta diligencia se enmarca en las acciones del alto tribunal para recolectar pruebas y avanzar en las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la contratación de proyectos viales.
La investigación se originó a partir del testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Durante su interrogatorio, Benavides señaló la existencia de un entramado de corrupción dentro del INVÍAS, en el cual estarían implicados varios parlamentarios. Estas declaraciones llevaron a la Fiscalía General de la Nación a compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue a los congresistas mencionados.
En respuesta a la inspección, el INVÍAS emitió un comunicado en el que aseguró su disposición para colaborar con las autoridades competentes. La entidad afirmó: “El INVÍAS está colaborando plenamente y suministrando toda la información necesaria que requiera la respectiva autoridad para esclarecer los hechos objeto de investigación. Estamos comprometidos con la verdad y la justicia, garantizando que las solicitudes de las autoridades sean atendidas de manera oportuna.“
Contexto de la investigación
El INVÍAS es la entidad encargada de la planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial en Colombia. Dada la magnitud de los recursos que maneja, ha sido objeto de diversas investigaciones a lo largo de los años. En esta ocasión, las denuncias apuntan a posibles irregularidades en la adjudicación de contratos, en los cuales estarían involucrados 28 congresistas de diferentes partidos políticos.
La Fiscalía General de la Nación, tras recibir el testimonio de Benavides, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que abra una investigación formal contra los parlamentarios señalados. Esta solicitud se basa en la presunta participación de los congresistas en un esquema de corrupción que habría afectado la transparencia en la contratación de proyectos viales.