Auditoría financiera de la vigencia 2024 dejó 11 hallazgos fiscales, 77 disciplinarios y 2 con posible alcance penal. La entidad no obtuvo el fenecimiento de la cuenta.
Con preocupantes resultados concluyó la auditoría financiera practicada por la Contraloría General de la República (CGR) al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondiente a la vigencia 2024. El informe arrojó 11 hallazgos fiscales por un total de $2.308 millones, 77 hallazgos disciplinarios y 2 con posible incidencia penal, en distintas regionales de la institución.
Según el órgano de control fiscal, las principales deficiencias se concentraron en las regionales del SENA en Santander y Antioquia, donde se evidenciaron fallas en la ejecución de contratos, manejo inadecuado de inventarios, problemas logísticos en el suministro de transporte y tiquetes para aprendices, así como pagos sin los debidos soportes.
Uno de los casos más críticos se detectó en el proyecto de ampliación del Centro Agroecológico de San Gil (Santander), donde se identificó un hallazgo fiscal por $1.008 millones. Estos recursos fueron entregados a un tercero para la administración de fondos y asistencia técnica; sin embargo, 70 meses después de la firma del contrato, la necesidad que se buscaba atender no ha sido resuelta. A febrero de 2025, el contratista –el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte– reportaba apenas un 1,5 % de ejecución de obra.
En Antioquia, otro hallazgo fiscal por $645 millones corresponde a la ausencia de 256 elementos en bodega, sin actas de baja ni resoluciones de descarte, lo que, según la CGR, infringe la normativa de administración de bienes y el Manual de Políticas Contables del SENA.
La auditoría, liderada por la Contraloría Delegada para el Sector de Inclusión Social, abarcó también las regionales de Arauca, Atlántico, Casanare, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Tolima y la Dirección General.
Como resultado, la CGR decidió no fenecer la cuenta del SENA, al concluir que los estados contables no reflejan razonablemente la situación financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2024. La auditoría derivó en una opinión negativa sobre los estados financieros y una opinión presupuestal con salvedades, debido a inconsistencias graves como la constitución de reservas presupuestales sin cumplir con la normatividad, afectando directamente los recursos de la vigencia auditada.
Además, se evidenció una falta de seguimiento a la ejecución de vigencias futuras, lo que contraviene principios básicos de la gestión presupuestal y financiera del Estado.
Irregularidades en contratos de obra
Otro foco de preocupación se ubicó en la Regional Magdalena, donde la Contraloría inspeccionó dos contratos por valor de $2.493 millones, suscritos para la construcción de almacenes en los centros de Gaira y Promoción Ecoturística. Ambos presentan graves deficiencias técnicas y administrativas, como la ausencia de estudios técnicos y topográficos actualizados, fallas en las etapas precontractual y contractual, y modificaciones injustificadas.
Los proyectos se encuentran suspendidos desde 2023 y con evidente falta de control por parte de la interventoría, lo que compromete la adecuada ejecución del presupuesto y afecta el acceso a infraestructura educativa para los aprendices de la región.
Beneficios de auditoría y seguimiento
Pese al panorama adverso, la auditoría permitió recuperaciones y beneficios fiscales por un total de $4.958 millones, siendo el más destacado el reconocimiento de $4.855 millones por rendimientos financieros, derivados de un contrato de encargo financiero para la actualización de infraestructura en el Centro Agroturístico de San Gil. En ese contrato, además, se detectó un posible hallazgo penal por contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales.
La Contraloría General anunció que continuará haciendo seguimiento a estos hallazgos, y que evaluará la formulación de procesos de responsabilidad fiscal y disciplinaria donde corresponda.
Estos resultados comprometen directamente a la gestión del SENA y ponen en evidencia la urgente necesidad de fortalecer los sistemas de control interno, la planeación presupuestal y la supervisión contractual, para garantizar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a la formación técnica y tecnológica en el país.
