El contralor Carlos Hernán Rodríguez informó que la entidad ha identificado 1.846 obras públicas inconclusas o ineficaces, conocidas como ‘elefantes blancos’, con un costo superior a $21 billones, superando el valor de una reforma tributaria.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
En un reciente informe, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, reveló que la entidad ha identificado 1.846 proyectos de infraestructura pública en estado crítico o abandonados, comúnmente denominados ‘elefantes blancos’. Estas obras representan una inversión de más de $21 billones, una cifra que supera el costo estimado de una reforma tributaria en Colombia.
El término ‘elefante blanco’ se utiliza para describir proyectos que, a pesar de haber requerido significativas inversiones de recursos públicos, no cumplen con su propósito o permanecen inconclusos, generando un impacto negativo en las comunidades que deberían beneficiarse de ellos. Según Rodríguez, “Actualmente contamos con más de 26.700 veedores a nivel nacional; hemos gestionado entre los años 2023 y 2024 más de 2.257 denuncias fiscales. Gracias a estas y al trabajo articulado con nuestras gerencias colegiadas, hemos podido identificar 1.468 elefantes blancos y proyectos críticos en todo el territorio nacional, logrando que 141 obras hayan sido puestas al servicio de la comunidad a través de la estrategia Compromiso Colombia y de las Intervenciones de Control Fiscal Participativo por $1.9 billones“.
La Contraloría ha implementado estrategias de Control Fiscal Participativo, como ‘Compromiso Colombia’, para abordar esta problemática. Actualmente, se están monitoreando 346 obras por un valor de $16.4 billones, con la expectativa de que 49 de ellas, valoradas en $1.198 billones, entren en funcionamiento antes de finalizar el año.
La participación ciudadana ha sido fundamental en la identificación de estos proyectos fallidos. La línea de atención 199, habilitada para recibir denuncias, ha registrado más de 36.413 llamadas en el último año, de las cuales 18.799 correspondieron a temas de competencia de la Contraloría. Muchas de estas denuncias han sido el punto de partida para investigaciones y acciones preventivas que buscan proteger el patrimonio público.
El contralor Rodríguez enfatizó la importancia de la colaboración entre la ciudadanía y las autoridades para garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. “La gestión que ustedes realizan desde sus comunidades, acompañada del trabajo de la Contraloría General de la República, ha sido fundamental en el cumplimiento de nuestra misión de garantizar la buena gestión de los recursos públicos destinados a planes, programas y proyectos comunitarios“.
Además, Rodríguez hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales para que continúen involucrando a la ciudadanía en la planificación, toma de decisiones y seguimiento a las inversiones públicas en las regiones.
En este contexto, se ha propuesto una reforma a la Ley 850 de 2003, que reglamenta las veedurías ciudadanas, con el objetivo de fortalecer sus capacidades y garantizar su efectividad. “Quiero invitarlos para que me acompañen en la construcción de una reforma a esta ley, para que las condiciones en que ustedes presten sus servicios tengan las garantías, se ajusten a sus necesidades y fortalezcan capacidades en beneficio de las comunidades“.
