La Contraloría General de la República ha identificado hallazgos fiscales en la Unidad de Restitución de Tierras que ascienden a 57.000 millones de pesos, relacionados con presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos y manejo de recursos destinados a la restitución de tierras en Colombia.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
La Contraloría General de la República ha revelado la existencia de hallazgos fiscales por un monto de 57.000 millones de pesos en la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Estas irregularidades están vinculadas a la ejecución de proyectos y al manejo de recursos destinados al proceso de restitución de tierras despojadas durante el conflicto armado en Colombia.
Según el informe de la Contraloría, se han identificado deficiencias en la planeación y ejecución de contratos, sobrecostos en la adquisición de bienes y servicios, y falta de seguimiento en la implementación de proyectos productivos para las comunidades beneficiarias. Estas anomalías podrían estar obstaculizando el objetivo principal de la URT: devolver las tierras a las víctimas del despojo y promover su desarrollo sostenible.
La Unidad de Restitución de Tierras ha sido fundamental en la implementación de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que busca reparar a las víctimas del conflicto armado mediante la devolución de sus tierras y la garantía de sus derechos. Sin embargo, estos hallazgos ponen en entredicho la eficacia y transparencia de la entidad en el cumplimiento de su misión.
En respuesta a estos señalamientos, la URT ha manifestado su disposición a colaborar con las investigaciones y a implementar las recomendaciones de la Contraloría para corregir las falencias detectadas. Asimismo, ha reiterado su compromiso con las víctimas y con la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
La Contraloría ha instado a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias para sancionar a los responsables de estas irregularidades y garantizar la correcta utilización de los recursos destinados a la restitución de tierras. Además, ha enfatizado la importancia de fortalecer los mecanismos de control interno en la URT para prevenir futuros casos de corrupción y asegurar el cumplimiento de los objetivos de la política de restitución.
Este caso se suma a otros desafíos que ha enfrentado la URT en su labor, incluyendo la congestión de los despachos judiciales especializados en restitución de tierras, que actualmente deben atender cerca de 25.000 demandas con recursos limitados. La situación ha llevado a cuestionamientos sobre la capacidad institucional para responder de manera efectiva a las necesidades de las víctimas.
