El máximo tribunal administrativo confirmó la responsabilidad del municipio de Fundación y de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en el accidente que cobró la vida de 33 niños en mayo de 2014; deberán indemnizar a las víctimas con $36.000 millones.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
El 18 de mayo de 2014, el municipio de Fundación, en el departamento del Magdalena, fue escenario de una tragedia que enlutó a todo el país: 33 niños perdieron la vida y otros 13 resultaron heridos cuando el bus en el que se transportaban estalló en llamas. Los menores regresaban de una actividad religiosa organizada por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.
El vehículo siniestrado, una buseta de placas UVS-556, carecía de las condiciones mínimas de seguridad: no contaba con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente, ni con la revisión técnico-mecánica al día, y su tarjeta de operación había sido cancelada. A pesar de estas irregularidades, fue contratado para transportar a los niños desde la iglesia hasta sus hogares.
Según las investigaciones, el conductor, Jaime Gutiérrez Ospino, intentó solucionar una falla mecánica manipulando combustible dentro del vehículo, lo que provocó una explosión que rápidamente envolvió en llamas a la buseta. Los esfuerzos por rescatar a los niños fueron en vano, y la tragedia dejó una profunda herida en la comunidad de Fundación y en todo el país.
En 2021, el Tribunal Administrativo del Magdalena declaró responsable a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia por la tragedia, ordenando una indemnización de más de $25.000 millones a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes. El tribunal argumentó que la iglesia asumió la responsabilidad de transportar a los menores sin garantizar las condiciones de seguridad necesarias, vulnerando así el principio de confianza depositado por los padres de familia.
El fallo también eximió de responsabilidad a otras entidades demandadas, como el Ministerio de Transporte, la Policía Nacional y el Distrito de Barranquilla, al considerar que la negligencia recaía principalmente en la iglesia que organizó el transporte.
En junio de 2023, el Consejo de Estado, máxima autoridad de la jurisdicción contencioso-administrativa en Colombia, dejó en firme la condena, ampliando la responsabilidad al municipio de Fundación. El alto tribunal determinó que tanto la administración municipal como la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia deberán indemnizar a las víctimas y sus familiares con una suma que asciende a $36.000 millones.
Esta decisión se basa en la obligación del Estado de garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, especialmente de los menores de edad. El Consejo de Estado consideró que hubo una falla en el servicio por parte del municipio al no ejercer un control adecuado sobre las condiciones del transporte público utilizado para movilizar a los niños.
