El congresista argumenta que la propuesta del Gobierno aumenta la carga tributaria, no resuelve la baja ejecución presupuestal y genera desconfianza por su impacto en los sectores productivos.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
El representante a la Cámara Christian Garcés, del partido Centro Democrático, radicó una ponencia negativa a la Ley de Financiamiento propuesta por el Gobierno Nacional. Según Garcés, la iniciativa no solo busca recaudar más impuestos, sino que también está fundamentada en proyecciones de ingresos poco realistas y gastos crecientes que podrían desestabilizar aún más las finanzas públicas.
En su análisis, el congresista enfatizó que el presupuesto de 2025 incluye un aumento nominal del 3.9% respecto al año anterior, alcanzando los 523 billones de pesos, pero con un gasto de funcionamiento que representa el 62.5% del total. Este incremento del gasto contrasta con una reducción del 17.4% en la inversión pública, lo que, según Garcés, demuestra un enfoque poco eficiente en la utilización de recursos.
El representante subrayó la baja ejecución presupuestal como un problema clave. Según cifras oficiales, la ejecución general a octubre de 2024 fue del 63%, y en sectores estratégicos como agricultura y transporte no alcanzó el 50%. “El Gobierno no puede pedir más recursos cuando no ha demostrado capacidad para ejecutar los que ya tiene“, afirmó Garcés.
Otro punto crítico señalado en la ponencia es la sobreestimación de ingresos fiscales. Durante 2024, el recaudo tributario acumuló un déficit de 8.9 billones de pesos respecto a lo proyectado, situación que se agrava con las expectativas irreales del Gobierno para 2025. Estas inconsistencias, según el congresista, ponen en riesgo programas sociales y proyectos de infraestructura esenciales.
Garcés también cuestionó los nuevos impuestos incluidos en la reforma, como el aumento del IVA en productos básicos y el impuesto al carbono, los cuales, aseguró, tendrán efectos devastadores en el costo de vida y en sectores estratégicos. “El impuesto al carbono incrementará los costos del transporte y los combustibles, generando una presión inflacionaria que afectará directamente a las familias colombianas“, advirtió.
Por su parte, gremios como la ANDI y ANIF respaldaron los argumentos del congresista, señalando que la propuesta carece de medidas estructurales para reducir el déficit fiscal y mejorar la competitividad. ANIF destacó que la reforma está lejos de generar un equilibrio fiscal sostenible y podría agravar la incertidumbre económica.
En el ámbito empresarial, la presidenta de ACOPI, Rosmery Quintero, afirmó que la reforma “afecta la viabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, que ya enfrentan altos costos operativos y restricciones financieras“. Asimismo, gremios como FENALCO alertaron sobre el impacto negativo en el comercio debido a la disminución del consumo.
La propuesta también enfrenta críticas en el Congreso. Legisladores de distintas bancadas han señalado que el proyecto no incluye reformas al gasto público ni soluciones para la baja ejecución, y podría desincentivar la inversión. La senadora Paloma Valencia expresó que “la insistencia del Gobierno en aumentar impuestos sin atacar la corrupción ni ajustar el gasto es irresponsable“.
Por otro lado, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió la reforma argumentando que los recursos son esenciales para financiar programas sociales y reducir las desigualdades. Sin embargo, su posición ha sido cuestionada por la falta de concertación con el sector productivo y los legisladores.
