La fiscal general enfrenta una denuncia por presuntas irregularidades al suspender órdenes de captura contra disidentes de las FARC, capturados en flagrancia en una caravana de la UNP en Antioquia.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ha iniciado una investigación contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, tras recibir una denuncia que cuestiona la suspensión de órdenes de captura contra excombatientes de las FARC. El caso se centra en un operativo realizado en julio de 2024 en Cisneros, Antioquia, donde varios disidentes fueron detenidos mientras se desplazaban en vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La denuncia, presentada por el ciudadano Santiago Suárez Morales, alega que la fiscal Camargo violó principios constitucionales y disposiciones del Código de Procedimiento Penal al ordenar la liberación de tres de los siete detenidos durante el operativo. Según el documento, los individuos fueron capturados en flagrancia, lo que, según la ley, permite su detención inmediata y el avance del proceso penal. La denuncia sostiene que la actuación de la fiscal general contravino el principio de legalidad al ordenar la liberación de los capturados.
El operativo en cuestión tuvo lugar en la vereda La Plancha, municipio de Cisneros, donde las autoridades detuvieron a varios individuos que se desplazaban en una caravana de la UNP. Entre los detenidos se encontraban Édgar de Jesús Orrego Arango, alias ‘Leo’ o ‘Firu’, cabecilla del frente 36 de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), así como alias Érika Castro y alias Boyaco. Sin embargo, la Fiscalía liberó a algunos de los detenidos debido a su rol como negociadores de paz en los diálogos con el Gobierno Nacional.
La decisión de liberar a estos individuos generó controversia y preocupación en diversos sectores, debido a las implicaciones legales y constitucionales que conlleva. La denuncia argumenta que la flagrancia es una circunstancia legal que permite la detención inmediata y la continuación del proceso penal, asegurando así la efectividad de la justicia y la protección de la sociedad.
En respuesta a la denuncia, la Comisión de Acusación ha designado a tres representantes para adelantar la investigación: Leonardo Gallego, presidente de la Comisión e integrante del Partido Liberal; Daniel Restrepo Carmona, del Partido Conservador; y Carlos Cuenca Chaux, de Cambio Radical. Estos congresistas tendrán la responsabilidad de esclarecer si la fiscal Camargo se extralimitó en sus funciones al suspender las órdenes de captura contra los disidentes.
La fiscal general Luz Adriana Camargo asumió su cargo en marzo de 2024, tras ser elegida por la Corte Suprema de Justicia. Es abogada de la Universidad de La Sabana y magíster en derecho penal y criminología. Desde su nombramiento, ha enfrentado diversos desafíos, incluyendo cuestionamientos sobre su actuación en casos sensibles como el presente.
