La Fiscalía General presentó un informe en el que advierte sobre la alta peligrosidad que enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia, con 1.372 asesinatos registrados entre 2016 y 2024 y 22 nuevos casos en lo que va de 2025.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
Colombia se ha consolidado como el país con mayor riesgo para quienes defienden los derechos humanos. Así lo evidenció la Fiscalía General de la Nación en un informe en el que se documenta la alarmante cifra de 1.372 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos entre enero de 2016 y diciembre de 2024. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, resaltó que esta situación coloca al país en una posición crítica a nivel mundial y que las cifras podrían ser aún mayores debido a posibles subregistros.
El informe destaca que los asesinatos de líderes sociales se concentran en regiones afectadas por la violencia de grupos armados ilegales y por disputas territoriales asociadas al narcotráfico. En estas zonas, la labor de investigación se ve obstaculizada por la falta de acceso seguro para las autoridades, lo que limita la posibilidad de esclarecer los crímenes y llevar a los responsables ante la justicia.
Organizaciones internacionales también han advertido sobre la gravedad de esta crisis. Front Line Defenders señaló que Colombia lideró el ranking de países más letales para defensores de derechos humanos en 2023, con casi la mitad de los homicidios registrados a nivel mundial ocurriendo en el país. Además, en 2024, más de la mitad de los asesinatos de defensores en América Latina se dieron en Colombia, evidenciando un patrón sistemático de violencia contra quienes trabajan en la defensa de derechos fundamentales.
El informe de la Fiscalía se suma a otras alertas emitidas por organismos internacionales que han instado al Estado colombiano a fortalecer las medidas de protección para líderes sociales y a mejorar la respuesta institucional ante estos crímenes. Sin embargo, el panorama sigue siendo preocupante. En los primeros dos meses de 2025, ya se han registrado 22 asesinatos de defensores de derechos humanos, lo que confirma que la violencia persiste y que la impunidad sigue siendo un desafío importante.
Desde la Fiscalía se ha insistido en la necesidad de reforzar la capacidad investigativa y garantizar un acceso más efectivo a las regiones más afectadas. No obstante, la falta de recursos y la presencia de actores armados continúan dificultando estos esfuerzos. La comunidad internacional, por su parte, ha reiterado el llamado al gobierno colombiano para implementar acciones concretas que permitan garantizar la seguridad de los defensores y desarticular las estructuras criminales responsables de estos ataques.
El informe presentado por la Fiscalía General y las estadísticas recientes reflejan la magnitud del problema y ponen sobre la mesa la urgencia de adoptar medidas más eficaces para frenar la violencia contra los líderes sociales. A pesar de los esfuerzos institucionales, la situación sigue siendo crítica y representa un reto fundamental para el país en materia de derechos humanos.
