La iniciativa del representante Daniel Carvalho Mejía busca armonizar normativas y fortalecer acciones contra la contaminación auditiva en el país.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo en la protección del bienestar ciudadano al aprobar la Ley contra el Ruido, una iniciativa liderada por el representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho Mejía. Esta legislación tiene como objetivo principal regular y disminuir la contaminación acústica en el país, un problema que afecta la calidad de vida de millones de colombianos.
La contaminación acústica, comúnmente conocida como “ruido”, se refiere a los sonidos no deseados o molestos que pueden interferir en las actividades cotidianas de las personas, como el sueño, la comunicación y la concentración. En Colombia, este fenómeno ha sido una preocupación creciente, especialmente en las principales ciudades donde el tráfico, las construcciones y las actividades comerciales generan altos niveles de ruido.
Según informes de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, un porcentaje significativo de los habitantes de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali expresan insatisfacción con los niveles de ruido en sus entornos. Por ejemplo, en Bogotá, el 61% de los ciudadanos se sienten afectados por la contaminación auditiva. Esta situación no solo impacta la salud física y mental de las personas, sino que también genera conflictos vecinales y afecta la convivencia.
La nueva ley busca armonizar las 17 normas existentes sobre ruido en Colombia, que hasta ahora estaban dispersas y, en muchos casos, resultaban confusas tanto para las autoridades como para los ciudadanos. Al respecto, el representante Daniel Carvalho señaló: “Tomamos la normativa que había alrededor del ruido y la reorganizamos porque estaba dispersa y confusa. Y aclaramos las responsabilidades de las autoridades y la ruta de atención al ciudadano”.
Entre las medidas que establece la ley se encuentra la revisión y actualización, por parte del Ministerio de Ambiente, de los niveles máximos de emisión. Esta actualización deberá realizarse en un plazo de año y medio y tendrá en cuenta las condiciones actuales de las ciudades y los avances tecnológicos en medición acústica.
Además, las alcaldías de municipios con más de 100.000 habitantes estarán obligadas a elaborar planes de acción para gestionar el ruido en sus territorios. Estos planes incluirán la identificación de fuentes de ruido, la implementación de medidas de mitigación y campañas de sensibilización ciudadana sobre la importancia de mantener entornos acústicamente saludables.
Un aspecto destacado de la ley es la protección de personas en el espectro autista, quienes son especialmente sensibles a los sonidos fuertes y repentinos. La normativa prevé medidas específicas para garantizar entornos más tranquilos y adecuados para esta población, reconociendo su derecho a una mejor calidad de vida.
La ley también endurece las sanciones para quienes infrinjan las normas de convivencia sonora.Para garantizar el cumplimiento de la ley y facilitar el monitoreo de los niveles de ruido, se creará un subsistema de vigilancia. Este sistema permitirá proyectar en una plataforma, en tiempo real en diferentes zonas del país, similar al mapa de ruido.
La aprobación de esta ley ha sido bien recibida por diversos sectores de la sociedad. Organizaciones ambientales, asociaciones de vecinos y profesionales de la salud han manifestado su apoyo a la iniciativa, destacando su importancia para mejorar la calidad de vida y la salud pública.
