Las discusiones para definir el salario mínimo en Colombia continúan sin consenso. Mientras sindicatos y empresarios mantienen posiciones divergentes, el Gobierno podría intervenir si no se alcanza un acuerdo.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
En Colombia, cada fin de año se lleva a cabo una negociación muy importante: la definición del salario mínimo que regirá para el siguiente año. Este proceso involucra a representantes del Gobierno, empresarios y sindicatos, quienes buscan acordar un incremento que equilibre las necesidades de los trabajadores y las capacidades de los empleadores. Sin embargo, las conversaciones de este año han sido particularmente complejas, y al acercarse la fecha límite, aún no se ha logrado un consenso.
Las centrales obreras, encabezadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), han propuesto un aumento del 12% en el salario mínimo. Fabio Arias, presidente de la CUT, argumenta que este incremento es necesario para compensar la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos. Según Arias, “no aplicar la productividad laboral en los últimos años nos ha dejado una brecha salarial muy alta. Insistiremos en dos dígitos“.
Por otro lado, los empresarios, representados por gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), han mostrado cautela ante la propuesta sindical. Aunque no han presentado una cifra concreta, sugieren que el incremento debería estar más alineado con la inflación actual, que ronda el 5.21%. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, ha expresado que “con esas cifras que se salen de la realidad económica del país, que generarían más desempleo, más informalidad, es muy difícil llegar a un acuerdo“.
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) ha propuesto un aumento del 5.2%, argumentando que un alza mayor podría afectar la estabilidad de las pequeñas empresas y generar presiones inflacionarias adicionales. Rodolfo Corre, presidente de ACOPI, sostiene que “un aumento desmesurado podría desencadenar medidas monetarias más estrictas por parte del Banco de la República, afectando aún más el acceso al crédito“.
La discusión sobre el salario mínimo se da en un contexto económico desafiante. Aunque la inflación ha mostrado signos de desaceleración, aún se mantiene en niveles que afectan el poder adquisitivo de los colombianos. Además, la economía ha experimentado una desaceleración, con un crecimiento proyectado débil para el próximo año. Este panorama genera preocupación tanto en trabajadores como en empleadores, quienes buscan proteger sus ingresos y mantener la estabilidad económica.
Es importante destacar que, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 45.2% de los trabajadores colombianos gana menos del salario mínimo, lo que refleja la alta informalidad y precariedad laboral en el país.
Posibles desenlaces si no hay acuerdo
Si las partes no logran un acuerdo antes del 30 de diciembre, el Gobierno Nacional tiene la facultad de definir el incremento del salario mínimo por decreto, según lo establecido en el Decreto 2552 de 2015. Este decreto indica que, en ausencia de consenso, el Ejecutivo determinará el aumento teniendo en cuenta parámetros como la meta de inflación fijada por el Banco de la República, la productividad laboral y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha manifestado la disposición del Gobierno para mediar y buscar un equilibrio que beneficie a ambas partes. “Queremos decirle a todo el país, que tanto empresarios, trabajadores y empresarios han afirmado su voluntad para seguir transitando en la discusión del salario mínimo“, afirmó Ramírez.
