Las denuncias por extorsión en Colombia han aumentado un 21% entre enero y noviembre de 2024, en comparación con el mismo periodo de 2023, según Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
La extorsión, un delito que implica la obtención de dinero o beneficios mediante amenazas o coerción, ha experimentado un preocupante incremento en Colombia durante 2024. Según Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), las denuncias por extorsión registraron un aumento del 21% entre enero y noviembre de 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Este incremento se suma a una tendencia ascendente observada en los últimos años. Datos de la Policía Nacional indican que, entre 2020 y 2023, las denuncias por extorsión aumentaron en un 20.5%, pasando de 8,188 casos en 2020 a 9,871 en 2023.
El impacto de la extorsión es muy importante, afectando tanto a grandes empresas como a pequeños comerciantes y ciudadanos de a pie. Las víctimas se ven obligadas a pagar sumas de dinero para evitar daños físicos, secuestros o incluso la muerte. Este fenómeno no solo genera pérdidas económicas, sino que también crea un ambiente de miedo e incertidumbre que afecta la calidad de vida y el desarrollo económico del país.
Las modalidades de extorsión son diversas. Una de las más comunes es la extorsión carcelaria, donde delincuentes operan desde centros penitenciarios utilizando teléfonos móviles para contactar a sus víctimas. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para controlar el uso de dispositivos en las cárceles, esta práctica persiste y representa un desafío constante.
Otra modalidad es la extorsión directa, en la que los delincuentes se presentan personalmente ante la víctima para exigir el pago. Este tipo de extorsión suele estar asociado con grupos armados ilegales que ejercen control territorial y utilizan la intimidación para obtener recursos. En regiones como el Caribe colombiano, se ha evidenciado la presencia de grupos como el Clan del Golfo, que han llevado a cabo ataques contra empresas y ciudadanos para imponer sus exigencias.
Las autoridades han implementado diversas estrategias para combatir este delito. El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional ha intensificado sus operaciones, logrando la captura de numerosos extorsionistas y desmantelando redes criminales dedicadas a esta actividad. Sin embargo, la complejidad y adaptabilidad de las organizaciones delictivas requieren una constante actualización de las tácticas de las fuerzas de seguridad.
El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, ha expresado su preocupación por el impacto de la extorsión en el sector empresarial y en la economía nacional. En declaraciones recientes, afirmó: “La situación del país desde un punto de vista económico es muy compleja“.
