La Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos alerta que el incremento del 5,36% en la Unidad de Pago por Capitación para 2025 podría comprometer la sostenibilidad de los programas de trasplante y el acceso a medicamentos de alto costo para pacientes trasplantados.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
La Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos (ACTO) ha expresado su preocupación ante el reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre el incremento del 5,36% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2025. Según la entidad, este ajuste resulta insuficiente y podría poner en riesgo la continuidad de los programas de trasplante de órganos en el país, así como el acceso a medicamentos esenciales para los pacientes trasplantados.
La UPC es el monto que el sistema de salud colombiano asigna por cada afiliado para cubrir sus necesidades médicas. Este valor se actualiza anualmente para reflejar los costos de los servicios de salud y garantizar la atención adecuada de los pacientes. Sin embargo, ACTO considera que el incremento previsto para 2025 no corresponde con las necesidades reales del sector, especialmente en áreas de alta complejidad como los trasplantes de órganos.
En un comunicado emitido el 3 de enero de 2025, ACTO señaló que “la falta de recursos adecuados no solo amenaza la sobrevida de los órganos trasplantados, sino también la vida misma de los pacientes que dependen de estos tratamientos vitales“. La asociación enfatiza que los programas de trasplante requieren inversiones significativas, tanto en procedimientos quirúrgicos como en medicamentos inmunosupresores de alto costo, indispensables para evitar el rechazo de los órganos trasplantados.
La preocupación de ACTO se suma a las críticas de otros actores del sector salud, quienes han manifestado que el ajuste de la UPC no refleja el aumento en los costos operativos y de insumos médicos. El gremio asegurador, por ejemplo, ha solicitado al Gobierno una revisión del monto aprobado, argumentando que podría afectar la calidad y continuidad de la atención en salud.
El Ministerio de Salud y Protección Social, por su parte, ha defendido el incremento de la UPC, indicando que se basa en estudios técnicos y en la disponibilidad presupuestal del Estado. La cartera de salud ha manifestado que el ajuste busca equilibrar las necesidades del sistema con la sostenibilidad financiera del mismo.
Sin embargo, ACTO insiste en que las decisiones en el ámbito de la salud deben fundamentarse en criterios técnico-científicos y no en consideraciones políticas o ideológicas. La asociación hace un llamado al Gobierno Nacional y a los actores involucrados para que se tenga en cuenta la participación de todos los sectores del sistema de salud en la toma de decisiones, con el fin de garantizar un futuro más saludable y sostenible para los colombianos.
La situación es especialmente crítica para los pacientes trasplantados, quienes dependen de medicamentos inmunosupresores para mantener la funcionalidad de los órganos recibidos. La escasez o el acceso limitado a estos medicamentos puede conducir al rechazo del órgano y poner en peligro la vida del paciente. En meses anteriores, organizaciones como la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax (Asoneumocito) y la Fundación Nacional de Trasplantados alertaron sobre la escasez de medicamentos como Tacrolimus y Micofenolato, esenciales para los pacientes trasplantados.
Además, Colombia enfrenta desafíos en términos de donación y trasplante de órganos. Según datos de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, más de 3.000 pacientes se encuentran en lista de espera para recibir un órgano. La tasa de donación en el país es de 8 por millón de habitantes, cifra que contrasta con países como España, donde la tasa es de 45 por millón de habitantes. Esta situación refleja la necesidad de fortalecer los programas de donación y trasplante, lo cual requiere de recursos adecuados y políticas públicas que promuevan la cultura de donación.
La comunidad médica y los pacientes esperan que el Gobierno Nacional reevalúe el ajuste de la UPC para 2025, considerando las implicaciones que este tiene en la atención de alta complejidad. La sostenibilidad de los programas de trasplante y el acceso a tratamientos de alto costo son fundamentales para garantizar el derecho a la salud y la vida de miles de colombianos.
