Hasta el cierre de esta edición, la juez argumentó que Alvaro Uribe incurrió en estos dos delitos en el proceso penal que se sigue contra el expresidente y que es inocente del tercer delito que se le había imputado.
La audiencia de decisión se realizó en Bogotá y fue transmitida públicamente, dada la relevancia nacional del caso. La jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento fue la encargada de emitir el pronunciamiento definitivo sobre la solicitud de preclusión del proceso, presentada por la Fiscalía General de la Nación.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable del delito de soborno en actuación penal por la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia. Según el fallo, Uribe, mediante su abogado Diego Cadena y un intermediario, intentó sobornar al testigo Juan Guillermo Monsalve para que cambiara su testimonio y acusara al senador Iván Cepeda. La jueza determinó que esta acción constituyó una obstrucción a la justicia.
Así mismo, La jueza concluyó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez incurrió en el delito de fraude procesal, al presentar pruebas engañosas con la intención de inducir a error a la Corte Suprema de Justicia. Según el fallo, las pruebas —un memorial del abogado Diego Cadena y un video aportado por el abogado suplente Juan Felipe Amaya— buscaban socavar la verdad procesal, aunque no lograron su objetivo. La jueza afirmó que la conducta ocurrió incluso antes del auto inhibitorio emitido por la Corte y reiteró que el delito se configuró más allá de toda duda razonable.
Con esta decisión, Uribe se convierte en el primer expresidente colombiano condenado por un delito cometido durante su carrera política.
Un proceso complejo y de alto perfil
El caso contra el expresidente Uribe se remonta a 2018, cuando, tras una denuncia suya contra el senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos, la Corte Suprema de Justicia encontró indicios de que, en realidad, habría sido Uribe quien promovió dichas prácticas, a través de terceros, para favorecer su causa.
En 2020, Uribe renunció a su curul en el Senado, con lo cual el expediente pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía General, bajo el sistema penal acusatorio. Desde entonces, la Fiscalía ha intentado en dos ocasiones archivar el caso, al considerar que no hay pruebas suficientes para llevar a juicio al exmandatario. Sin embargo, en ambas oportunidades, los jueces han rechazado la solicitud, ordenando continuar con la investigación.
La actual solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía en 2024 es la tercera en curso, y la juez deberá decidir si esta vez se cumplen los requisitos jurídicos para cerrar definitivamente el proceso, o si hay mérito suficiente para que Uribe Vélez sea llevado a juicio oral.
Reacciones y tensiones
La decisión judicial ha reavivado la polarización política en Colombia. Sectores afines al expresidente Uribe, como el partido Centro Democrático, han reiterado su respaldo incondicional, señalando que se trata de una persecución política injustificada. Por su parte, opositores y sectores de derechos humanos insisten en que el caso debe llegar a juicio para garantizar la verdad, la justicia y la transparencia.
En redes sociales y medios de comunicación, la expectativa crece hora tras hora, y se prevé que la decisión de la juez genere reacciones inmediatas de todos los sectores del país.
Lo que está en juego
Más allá del destino judicial de Álvaro Uribe Vélez, este fallo marcará un hito en la historia reciente del país. Nunca antes un expresidente colombiano había estado tan cerca de enfrentar un juicio penal. La decisión judicial será, además, un mensaje contundente sobre la independencia o no de las instituciones frente a figuras de poder, y pondrá a prueba la confianza ciudadana en la justicia. El político antioqueño de 73 años, líder natural de la derecha nacional en las últimas dos décadas, se ha convertido en el primer exmandatario colombiano en estar sentado en el banquillo de los acusados en un proceso penal.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, enfrenta una posible condena de entre seis y doce años de prisión por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. Sin embargo, su situación personal y familiar podría abrir la puerta a beneficios como la prisión domiciliaria.
El fallo condenatorio es de primera instancia, lo que permite a la defensa presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá en un plazo de cinco días. Además, si se consideran graves irregularidades en el proceso, la defensa podría interponer un recurso extraordinario de casación, que llevaría el caso a la Corte Suprema de Justicia.
Existe también la posibilidad de que el caso prescriba si no hay una sentencia en segunda instancia antes de octubre de 2025, lo que implicaría el cierre del proceso sin condena definitiva por vencimiento de términos.
Por ahora, queda la expectativa de los diversos movimientos jurídicos y legales que se mantendrán durante mucho tiempo, hasta que cada uno de los abogados utilicen sus recursos legales para continuar con este proceso que ha mantenido en vilo a los colombianos.
