Con recursos que alcanzan los $6,8 billones entre 2023 y 2025, el Gobierno del Cambio logra el 97% de gratuidad en la matrícula pública y demuestra que el nuevo modelo es más eficiente que programas anteriores.
El Gobierno del Cambio ha logrado una transformación histórica en el acceso a la educación superior en Colombia. Entre 2023 y 2025 se han invertido $6,8 billones de pesos para la nueva política de gratuidad en la educación superior pública, pasando de 690 mil estudiantes beneficiados en 2023 a 930 mil estudiantes en 2025, alcanzando el 97% de la matrícula pública con gratuidad.
Este nuevo modelo de financiación ha permitido incrementar significativamente el número de estudiantes que acceden a la educación superior sin endeudarse, mediante el fortalecimiento estructural del sistema público con recursos adicionales que amplían su capacidad académica y financiera.
Este esfuerzo impacta al conjunto del sistema: universidades, instituciones técnicas y tecnológicas universitarias (ITTU), SENA y entidades de régimen especial, consolidando condiciones reales para garantizar la educación superior como un derecho.
Avance histórico en el acceso y garantía del derecho a la educación
El cambio de modelo de financiamiento, orientado a garantizar que las instituciones cuenten con la capacidad para avanzar en la garantía del derecho a la educación superior, ha permitido anunciar que al 2025 se logró aumentar en 347 mil la vinculación de nuevos estudiantes en programas de pregrado en las instituciones oficiales. Este es el aumento más grande de la historia, llegando a regiones donde nunca se había llegado con oferta de calidad.
Para lograr este objetivo, se han asignado $3,1 billones adicionales para el funcionamiento de las IES públicas (en ampliación de cobertura y fortalecimiento de capacidades), beneficiando a universidades e ITTU con más recursos que permanecerán año tras año en su base presupuestal.
También se cambió el modelo de financiación de la política de gratuidad en la matrícula, que para 2026 ya cuenta con $3,2 billones de recursos a la base presupuestal de funcionamiento para beneficiar a más de 950 mil estudiantes de pregrado. Anteriormente, estos recursos se financiaban con recursos de inversión, lo que generaba inestabilidad y dependencia año a año.
Comparación con modelos anteriores
Durante los gobiernos anteriores se implementaron programas como Ser Pilo Paga, que para beneficiar a menos de 40.000 jóvenes requirió de una inversión de $3,67 billones de pesos para cohortes de 5 años, y el programa Generación E Excelencia, que cubrió a 15 mil estudiantes con una inversión de $1,7 billones. Estos dos programas estaban orientados especialmente a financiar educación privada.
La inversión de estos programas ascendió a 774 mil millones por año, con un costo per cápita de más de $18,3 millones por estudiante. Bajo este modelo, financiar a 347 mil jóvenes -que son los beneficiarios de programas de financiamiento desde la oferta del actual gobierno- implicaría un gasto anual equivalente a más de $6,35 billones de pesos.
Mejor estudiar sin endeudarse
Los programas de financiación desde la demanda de gobiernos anteriores implicaban créditos condonables bajo requisitos muy estrictos. Cada joven que no lograba la condonación del crédito quedaba, al momento de graduarse, con una deuda de más de $91 millones de pesos que durante su fase de estudios le generaron más de $37 millones de pesos en intereses.
Debido a que no es fácil lograr un empleo que permita pagar cuotas mensuales de cerca de $2 millones de pesos, estos jóvenes se veían obligados a refinanciar a tasas de interés que convertían la deuda en más de $400 millones de pesos y a un esquema de endeudamiento de más de 15 años.
Cambio a un modelo más eficiente y pertinente
El modelo de financiación desde la demanda es 5,89 veces más costoso que los modelos de financiamiento desde la oferta. El fortalecimiento de la educación superior desde lo público, propuesta por el Gobierno del Cambio, se convierte en una estrategia que redunda en todo el sistema en su conjunto y garantiza la territorialización, llegando a regiones donde era imposible que jóvenes accedieran a programas de educación superior.
De manera complementaria, y como bandera del gobierno del cambio, la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 asegura la sostenibilidad de este modelo en el tiempo, consolidando la educación superior como un derecho garantizado para las presentes y futuras generaciones.
