Un lamentable hecho de violencia ocurrió en la costa Pacífica del Cauca, donde nueve contratistas de la Gobernación fueron secuestrados por disidencias armadas que actúan bajo órdenes de alias Mordisco.
Por: Mg. Carlos Horacio Gómez Quintero.
Imposible dejar de opinar, con dolor ciudadano, sobre lo acontecido en la costa Pacífica caucana, teatro de un macabro episodio de violencia despiadada, que terminó en la perdida de la libertad de 9 inermes Contratistas de La Gobernación del Cauca, en manos de bandidos disfrazados de revolucionarios, quienes atendiendo las instrucciones de alias Mordisco, le siguen cobrando presuntas cuentas de cobro al señor gobernador del Cauca, doctor Octavio Guzmán, en su calidad de supuesto agente minero en el sur del Cauca, su tierra de origen.
Es absolutamente inhumana e insostenible la razón argüida para retener a las 7 mujeres y a los 2 hombres desplazados hasta la zona costera caucana, en cumplimiento de tarea oficial, calificada por el mismo despacho regional como de “misión humanitaria y social”. Según los atrevidos captores, es decir, las disidencias de Las FARC, su accionar de retenerlos se justifica, por cuanto han recopilado pruebas, de que las victimas lo que efectivamente hacían era “instalar equipos capaces de interferir señales de telefonía celular y drones”, es decir, tecnología anti-drones que por definición tiene un uso militar y de control territorial. Han sentenciado los secuestradores que, la retención se hará efectiva, hasta tanto descubran con precisión, cuáles son los verdaderos móviles que caracterizaban la presencia oficial de los contratistas en esa apartada región. Dios quiera que las cosas se clarifiquen y sea pronto el regreso de estos 9 jóvenes y señoritas, a quienes sus familias y la sociedad entera esperamos con ansiedad y esperanza.
Abogar por su liberación es tarea que compromete a la institucionalidad y a la misma sociedad. Desde esta última se han escuchado permanentes ruegos y se organizan sendas expresiones de solidaridad y presión, para que cese el cautiverio. Eso está muy bien y no podemos caer en el abandono de dicha reacción, por cuanto ella lo que debe significar es el mensaje para Mordisco y compañía, en el sentido de que censuramos sus actuaciones y rechazamos los actos vandálicos perpetrados en cabeza de inocentes víctimas, a los que les están sindicando injustamente de acolitar una postura del Gobernante Regional, quien ha expresado su voluntad y entereza para impedir que El Macizo Colombiano y El Cauca en general, sigan en manos de quienes solo se amparan en las armas para seguir sosteniendo la vigencia de un imperio marcado por la presencia del dinero fácil, la promiscuidad y la imposición violenta de comportamientos.
Esta misma sociedad debe hacer sentir su voz ante la comunidad internacional y los organismos defensores de Derechos Humanos, puesto que lo sucedido es gravísimo y viola cualquier disposición, no solo del Derecho Internacional Humanitario, sino de los códigos de dignidad que universalmente merecemos las personas, como tales. Por su parte la institucionalidad debe actuar con firmeza y decoro, pero igual con prudencia para impedir mayores represalias y atropellos. Es hora de que El Gobierno Nacional gobierne y que el resto de las autoridades clarifiquen sus actuaciones en procura de la vida, la libertad y la vigencia plena de Los Derechos Humanos.
El Estado no se puede parar, ante la arremetida de los violentos, pero tampoco se puede continuar en la insólita postura de no precaver los riesgos latentes, en una sociedad que cada día observa el mayor deterioro de sus valores. A los servidores públicos se les debe dotar de todas las garantas para su seguridad y cumplimiento cabal de los deberes, sin colocarles tareas que involucren riesgos.
Estos grupos, disfrazados de revolucionarios, estarían cobrando supuestas cuentas personales al gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, a quien acusan de tener vínculos con la minería en el sur del departamento.
El Cauca debe recobrar su condición de tierra fértil para que florezcan los valores que forjaron patria y democracia y debe hacer valer su historia, para que estatalmente se nos mire con dedicación especial y así salir del abandono, la mezquindad y la desidia. A mis amigos de Bolívar y a las familias de todos y todas las secuestradas, mucha fe en Dios y ánimo para no desfallecer en una tarea humanitaria que a todos involucra.
Tensión Fundacional en La Constitución de Colombia de 1991
Por otro lado, quiero plantear algunas reflexiones entorno a la interesante postura esbozada por mi amigo constitucionalista, escritor y ex Consultor del PNUD, Doctor Alfredo Manrique Reyes, de pura cepa santandereana, quien se refiere con claridad a lo que él denomina Tensión Fundacional en La Constitución de Colombia de 1991, frente a los derechos sociales en clave de mercado.
Refiere Manrique que hace 33 años, cuando se celebraba el primer aniversario de nuestra Carta Política, en un encuentro académico celebrado en Bucaramanga, él, personalmente había expresado lo siguiente: “La Carta del 91 contiene una tensión estructural que compromete su viabilidad interna: Mientras que en su parte dogmática proclama un modelo socialdemócrata, participativo, descentralizado y garante de derechos, en su parte orgánica (institucional) consagra principios funcionales al neoliberalismo, que subordinan los derechos y la soberanía popular a la lógica de mercado, al protagonismo de la empresa privada y a formas de concentración del poder y la riqueza”.
Revisando en perspectiva tal afirmación, hoy encontramos ratificaciones de esa sentencia, concluyendo que efectivamente, La Constitución de 1991 consagró un proyecto progresista, pluralista y participativo que respondía a las demandas sociales del momento. Sin embargo, su estructura económica e institucional fue diseñada para convivir y subordinarse al modelo neoliberal en ascenso, generando una fractura entre la promesa de igualdad y los mecanismos que la deben garantizar. Esa contradicción interna no es anecdótica ni coyuntural, es estructural, y pone en entredicho la viabilidad del Estado Social de Derecho sin una reforma profunda del diseño político, económico y territorial del país. Aspectos puntuales de lo consignado son los siguientes:
1. Pese a ser un Estado Social de Derecho, la estructura del sistema económico, el rol de la empresa privada y la libertad económica han terminado operando como principios rectores del funcionamiento estatal, generando una dualidad funcional. La redistribución queda subordinada a la eficiencia del mercado neoliberal, neutralizando los efectos redistributivos que demanda El Estado Social.
2. Se consagró la autonomía de las entidades territoriales, pero no se redefinieron sus bases materiales. El triángulo geográfico de privilegio Bogotá–Medellín–Cali, aplasta a regiones como El Pacífico, La Amazonía o La Orinoquía, en la medida en que carecen de instrumentos efectivos para cerrar brechas. Este proceso no ha sido descentralización real del poder, ni de la inversión pública.
Es hora de que El Gobierno Nacional gobierne y que el resto de las autoridades clarifiquen sus actuaciones en procura de la vida, la libertad y la vigencia plena de Los Derechos Humanos.
3. La proclama es que somos una Democracia Participativa y el pueblo es soberano. Se habilitaron mecanismos como el referendo, la consulta popular y la iniciativa legislativa ciudadana, poco aplicados, neutralizados o instrumentalizados por élites políticas y económicas. La democracia real sigue operando bajo un modelo representativo-corporativo, con partidos fieles a intereses privados, antes que al mandato popular.
4. Los Derechos Sociales están garantizados en el papel, pero mercantilizados en la práctica. El acceso a salud, educación, vivienda y trabajo digno se ejecuta a través de modelos de prestación delegada al sector privado. El derecho se convirtió en servicio condicionado por la lógica de rentabilidad.
5. El diseño fiscal y económico constitucional favorece la centralización de recursos y deja el sistema tributario altamente regresivo. La banca, las concesiones, las zonas francas y la infraestructura están diseñadas para favorecer capitales concentrados, acentuando la desigualdad territorial y social, contrario a la igualdad sustancial consagrada.
6. Pese a que la proclama de que La Soberanía reside en el pueblo, las decisiones estructurales como lo tributario, los acuerdos económicos y la política monetaria, han sido monopolizadas por entidades técnicas (Banco de La República, Corte Constitucional o agencias multilaterales) desconectadas del control democrático directo, desplazando la soberanía real hacia actores tecnocráticos y financieros.
7. Los municipios y departamentos tienen autonomía jurídica y política, pero su dependencia fiscal del nivel central es casi absoluta. El SGP, principal fuente de ingresos territorial es condicionado desde Bogotá, limitando la capacidad de decisión local y profundizando la inequidad territorial.
8. La tensión entre la declaración de Derechos Sociales y la institucionalización de principios de eficiencia y competencia crea una constitución de 2 frentes. Sin cambios estructurales en el modelo económico, fiscal y político, el proyecto del Estado Social está condenado a convertirse en una ficción jurídica más que en una realidad transformadora.
