La comunidad denuncia un servicio deficiente y exige respuestas, mientras la empresa atribuye las fallas a actos de sabotaje y problemas de orden público.
Derechos de autor autorizados por: Contenido convenio El País / El Liberal. Autor: Alejandro Zúñiga Bolívar y Redacción El País.
El malestar por el suministro de energía en la Cordillera del Patía ha escalado hasta convertirse en una protesta masiva. Más de cinco mil campesinos de la zona rural de El Patía, Cauca, llegaron este martes 11 de febrero a la localidad de El Bordo para exigir mejoras en el servicio que presta la Compañía Energética de Occidente (CEO). Alegan que las constantes interrupciones, fluctuaciones de voltaje y la falta de respuestas concretas han afectado gravemente su calidad de vida y su actividad económica.
“El servicio es pésimo. Son años de cortes intempestivos, daños en electrodomésticos y pérdidas para nuestros negocios. Las facturas llegan puntuales, pero el servicio sigue fallando”, expresó Abel Aguilar, uno de los líderes de la manifestación.
Dos versiones sobre una crisis
Si bien la comunidad sostiene que el problema se debe a una deficiencia en la gestión de la empresa, la CEO argumenta que los cortes no responden a fallas internas, sino a condiciones externas que han obstaculizado la operación en la zona. Según la compañía, actos de sabotaje contra la infraestructura eléctrica y problemas de orden público han imposibilitado el mantenimiento del sistema y la respuesta oportuna a emergencias.
“La infraestructura ha sido objeto de vandalismo. Grupos no identificados han manipulado de forma ilegal las subestaciones, lo que ha causado daños severos y ha dejado sin servicio a miles de usuarios”, explicó Omar Serrano Rueda, gerente general de CEO. La empresa también ha denunciado restricciones de movilidad para su personal, incluyendo secuestros de técnicos, extorsión y robo de vehículos, lo que ha complicado aún más las labores de reparación.
Un problema que se profundiza
La protesta ocurre en un contexto de alta tensión en la Cordillera del Patía, donde la violencia ha recrudecido en los últimos meses. Uno de los episodios más recientes fue el atentado con explosivos contra el puente de Portugal, el pasado 20 de enero de 2025, que dejó un boquete en su estructura. Esta vía es fundamental para la conectividad de la región, y su afectación interrumpió el tránsito, obligando a transportadores y motociclistas a buscar rutas alternas, lo que ha incrementado costos y tiempos de desplazamiento.
Ante la emergencia, la comunidad local improvisó un relleno con tierra para restablecer el paso de manera provisional, aunque solo para vehículos livianos debido a la precariedad del arreglo. Entretanto, las autoridades anunciaron el envío de una comisión técnica para evaluar los daños y definir un plan de recuperación.
Más allá de la crisis energética que motiva la protesta, estos hechos reflejan el deterioro del orden público en la región. La presencia de grupos armados ilegales, las dificultades para garantizar la seguridad y la falta de respuesta efectiva por parte del Gobierno Nacional han convertido al sur del Cauca en un escenario de incertidumbre.
En este contexto, la CEO insiste en que necesita condiciones de seguridad para operar con normalidad, mientras que los campesinos advierten que no pueden seguir esperando respuestas mientras sus actividades diarias se ven afectadas. A esto se suma la inacción del Gobierno Nacional, que no ha ofrecido garantías concretas de seguridad ni una intervención efectiva para brindar soluciones en esta zona de alta conflictividad.
Mientras la crisis crece, el presidente Gustavo Petro se encuentra en una gira diplomática por Medio Oriente, y el Ministro de Defensa ha presentado su renuncia con carácter irrevocable. Con la ausencia de los dos más altos mandos de las Fuerzas Armadas, la seguridad en varias regiones del país, incluido el Cauca, parece haber quedado en un limbo.
Ante este panorama, el bloqueo de la vía Panamericana, anunciado por los manifestantes, se perfila como una posibilidad cada vez más cercana.
“Nos vamos a quedar aquí hasta que nos den una respuesta real. No podemos seguir así, dependiendo de la voluntad de una empresa que no soluciona los problemas”, afirmó Elber Muñoz, uno de los campesinos en la protesta.
Por ahora, la CEO mantiene su disposición a continuar participando en mesas de diálogo con las autoridades y líderes comunitarios en busca de una salida a la crisis energética. Sin embargo, sin garantías de seguridad por parte del Gobierno Nacional, difícilmente la empresa podrá llevar a cabo las reparaciones y mantenimientos necesarios para garantizar un servicio eléctrico estable y confiable en la región. En ese contexto, pierden las comunidades afectadas por las fallas en el servicio y pierde la región por el posible bloqueo de la vía panamericana.
