La salida de la funcionaria deja preguntas sobre quién asumirá esta responsabilidad clave en la administración municipal.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
La Jefe de la Oficina Jurídica del Municipio de Popayán presentó su renuncia irrevocable, efectiva a partir del 31 de diciembre de 2024, marcando el cierre de un año caracterizado por múltiples controversias en el ejercicio de sus funciones. Su firme postura en la revisión de los trámites de contratación la convirtió en una figura polarizadora dentro de la administración municipal y objeto de críticas tanto de sus colegas como del Concejo Municipal.
La ahora funcionaria asumió el cargo con la promesa de garantizar transparencia y rigor jurídico en los procesos contractuales del municipio, un compromiso que no estuvo exento de conflictos. En varias ocasiones, fue señalada por retrasos en los tiempos de contratación y por mantener posiciones inflexibles que generaron fricciones con otros funcionarios, quienes calificaron su actuar como excesivamente rígido.
Uno de los episodios más recordados fue su enfrentamiento con miembros del Concejo Municipal, quienes cuestionaron la demora en la aprobación de proyectos clave para la ciudad, atribuyendo la situación a la falta de celeridad en los procesos jurídicos. Sin embargo, otros sectores de la administración reconocen su compromiso por evitar irregularidades y su lucha por blindar los contratos municipales de posibles inconsistencias legales.
La renuncia deja un vacío significativo en una de las áreas más críticas de la administración municipal, especialmente en un contexto donde el cumplimiento de la legalidad y la eficiencia en los procesos contractuales son esenciales para el desarrollo de Popayán. La gran interrogante es quién será el sucesor o sucesora en el cargo y si esa persona logrará equilibrar las exigencias legales con la necesidad de agilizar los procesos administrativos.
