El representante a la Cámara por el Cauca es procesado por la Corte Suprema de Justicia por su presunta implicación en los delitos de peculado por apropiación, tráfico de influencias e interés indebido en contratos.
El juicio contra el congresista liberal César Cristian Gómez Castro avanza ante la Corte Suprema de Justicia, donde se le acusa de varios delitos relacionados con su periodo como alcalde de Popayán (2016-2019). Las imputaciones incluyen peculado por apropiación, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, lo que ha generado un notable escándalo político en la región.
Durante la diligencia judicial, el juez del caso le ofreció a Gómez Castro la posibilidad de una rebaja de pena de hasta una sexta parte si aceptaba los cargos. Sin embargo, el representante, en un movimiento que sorprendió a muchos, se declaró completamente inocente. “Su señoría, me declaro inocente de los cargos que ha emitido la Fiscalía”, afirmó con contundencia, negando cualquier responsabilidad en los hechos que se le imputan.
Acusaciones graves por apropiación de fondos y contratos irregulares
La acusación principal, liderada por el fiscal delegado Gabriel Sandoval Vargas, sostiene que Gómez Castro se habría apropiado de recursos públicos en 2016 que superaron los 90 Salarios Mínimos Legales Mensuales (SMLMV), causando un grave detrimento al erario del municipio de Popayán. Según la Fiscalía, en su rol como alcalde, el político entregó de manera directa contratos que excedieron los 1.500 millones de pesos a particulares.
Los hechos habrían ocurrido durante su mandato como alcalde de Popayán entre 2016 y 2019.
El fiscal Sandoval afirmó que su equipo, con el apoyo de investigadores del CTI, cuenta con pruebas documentales contundentes para demostrar la culpabilidad del congresista. Entre las evidencias se mencionan facturas, informes, comprobantes y consignaciones que supuestamente comprometen a Gómez Castro. La Fiscalía sugiere que el exalcalde habría solicitado apoyos a entidades públicas y privadas para su campaña de ese año, en plena Semana Santa.
Uno de los contratos bajo la lupa es el que presuntamente firmó con la Fundación para el Fomento y Desarrollo Social (Fundexo). Se especula que este contrato buscaba concesionar servicios de la Secretaría de Tránsito relacionados con el sistema de inteligencia de movilidad de la ciudad, pero que su firma habría sido irregular.
Testigos clave y presiones indebidas
Para fortalecer su caso, la Fiscalía ha anunciado que solicitará los testimonios de varios exfuncionarios que podrían arrojar luz sobre las presuntas irregularidades. Entre ellos se encuentran Roberto José Díaz y Juan Carlos Ortega, quienes serían testigos de la firma del contrato en la Secretaría de Tránsito y Transporte.
Otro testimonio crucial será el de Rubén Caicedo, exsecretario de Tránsito y Transporte, y el de Claudia Jimena García, quien fungió como secretaria de Hacienda de Popayán. Según fuentes cercanas, García habría abandonado su cargo por oponerse y expresar sus observaciones frente al controvertido contrato.
Las acusaciones contra Gómez Castro no se limitan a los contratos. La Corte Suprema de Justicia también investiga su presunta influencia indebida en el entonces secretario de Tránsito para evitar la inmovilización de un vehículo. Además, se le acusa de haber nombrado en múltiples ocasiones a un funcionario de su alcaldía como alcalde encargado, a pesar de que este no contaba con las facultades legales ni constitucionales para asumir dicha responsabilidad.
En el ámbito político, forma parte de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente y de la Comisión Accidental de Agua y Biodiversidad. Sin embargo, su carrera política pende de un hilo mientras el juicio avanza y la Fiscalía busca demostrar que, durante su periodo como administrador de Popayán, estuvo inmerso en un escándalo de corrupción que compromete su futuro.
