La Gobernación del Cauca, desde su Secretaría de Hacienda realizó un análisis sobre el impacto contraproducente que tendrán algunas medidas del ‘Proyecto de Ley de Financiamiento 2025’.
En este contexto, el incremento propuesto en el proyecto de Ley, sobre el Impuesto al consumo de licores, cervezas y cigarrillos fortalecerá el contrabando y comprometerá la salud pública y la sostenibilidad financiera del Departamento, dado que el 60% de los ingresos propios del Cauca provienen de estas rentas y se destinan a financiar la salud, la educación y el deporte.
Para citar un ejemplo, se realizó el cálculo con el valor actual del impuesto total de una botella de aguardiente de 750 ml, de 29° de alcohol, que actualmente es de $18.386,68, aplicando los valores propuestos en el proyecto de Ley de financiamiento el valor del impuesto para 2026, sería cerca de $33.607,51, lo que representa un alza del 80%.
Esta iniciativa del Gobierno Nacional busca recaudar aproximadamente $26,3 billones para cubrir el déficit del Presupuesto General de la Nación, mediante el aumento de la tributación en sectores estratégicos como lo es el impuesto al consumo de licores, cervezas y cigarrillos.
En este escenario, y reconociendo las características geográficas del Cauca como un corredor estratégico, ubicado entre el puerto de Buenaventura y la zona franca de Ipiales, se facilita la actividad delictiva del contrabando; de esta manera, el aumento considerable del precio legal incentiva al consumidor a buscar alternativas más económicas en el mercado ilícito. El riesgo inherente no solo radica en la pérdida de recursos fiscales, sino también en el peligro directo para la vida de los ciudadanos por el consumo de licor adulterado.
Aunque la Administración Departamental, a través de la Secretaría de Hacienda y en articulación con la Policía Nacional, trabajan incansablemente para combatir el contrabando, se requiere que la política nacional no contrarreste estos esfuerzos. Por lo tanto, se hace un llamado urgente a los congresistas caucanos a evaluar detalladamente estas medidas dentro del contexto social y económico de la región y a legislar pensando en el bienestar de las comunidades y en la protección de las rentas departamentales.
