El Juzgado Séptimo Administrativo de Popayán impuso una sanción de 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes al alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo por desacato a una orden judicial de 2016. El fallo exige la inmediata puesta en funcionamiento del Centro de Bienestar Animal.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
El Juzgado Séptimo Administrativo de Popayán resolvió el incidente de desacato contra el alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo, imponiéndole una sanción económica y exigiendo el cumplimiento inmediato de la sentencia que ordena la puesta en funcionamiento del Centro de Bienestar Animal (CBA). Esta decisión responde a una batalla legal que comenzó en 2013 con una acción popular interpuesta para garantizar el manejo adecuado de los animales en situación de calle y la prevención de problemas de salubridad pública en la ciudad.
El proceso se inició a raíz de una demanda presentada por ciudadanos preocupados por la proliferación de fauna callejera en Popayán y su impacto en la salud pública. En 2016, el Tribunal Administrativo del Cauca falló a favor de los demandantes, ordenando al Municipio la construcción de un albergue para animales abandonados, la adecuación de un refugio provisional y la implementación de campañas de vacunación y esterilización. Sin embargo, pese a que las obras del CBA fueron finalizadas, su puesta en funcionamiento ha sido postergada.
En el auto del 25 de febrero de 2025, el Juzgado determinó que el Municipio de Popayán ha incumplido con las órdenes impartidas hace más de siete años. Según el fallo, aunque las instalaciones del CBA están terminadas, aún no han sido habilitadas para la recepción de animales debido a la falta de servicios esenciales como energía y agua. La administración municipal argumentó que se están adelantando los trámites ante las empresas prestadoras de estos servicios, pero el tribunal consideró que la demora en estos procedimientos es injustificada y constituye un desacato a la sentencia.
La sanción impuesta al alcalde consiste en una multa de 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, los cuales deben ser consignados en un plazo máximo de tres días a favor del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos. Adicionalmente, el fallo ordena la apertura inmediata del CBA y la verificación del cumplimiento de esta medida por parte de la Policía Metropolitana de Popayán y la Secretaría de Salud Municipal. La decisión se da en primera instancia y el Tribunal Contencioso decidirá si la mantiene, o no.
Las reacciones a esta decisión no se hicieron esperar. Organizaciones defensoras de los animales y activistas han señalado que esta sanción es un paso necesario para garantizar que el Municipio asuma su responsabilidad en la protección de los animales en situación de abandono. “Por años hemos exigido que el Centro de Bienestar Animal funcione. No hay excusa para seguir postergando su apertura cuando la infraestructura ya está lista”, expresó un activista que solicitó reserva de su nombre.
Por su parte, la administración municipal reiteró que no se trata de una falta de voluntad, sino de limitaciones presupuestales. Según explicó la Secretaría de Salud, los costos de operación del CBA ascienden a más de 2.400 millones de pesos anuales, y el Municipio sólo dispone de 500 millones de pesos para la política pública de bienestar animal en la vigencia actual. Ante esta situación, el alcalde ha insistido en la necesidad de establecer una alianza público-privada que permita la sostenibilidad del centro sin afectar otros programas como las campañas de vacunación y esterilización.
No obstante, los críticos de la administración han cuestionado esta postura, argumentando que el Municipio cuenta con recursos que podrían garantizar el funcionamiento del CBA al menos de manera parcial. Según cálculos de concejales y organizaciones animalistas, hay aproximadamente 1.625 millones de pesos disponibles para la política de bienestar animal, lo que permitiría operar el centro mientras se definen soluciones a largo plazo.
Además de la sanción contra el alcalde, el fallo del Juzgado Séptimo Administrativo incluyó una orden para que la Policía Metropolitana y la Secretaría de Salud realicen una inspección en la vivienda de María del Pilar Delgado, quien en el pasado acogió animales callejeros en su residencia en el barrio La Pamba. El objetivo de esta visita es verificar si en el lugar se encuentran nuevamente animales en condiciones inadecuadas, en incumplimiento de la sentencia que en 2016 le ordenó cesar estas actividades.
