Los soldados extraían mensualmente 40.000 cartuchos de fusil de batallones, alterando registros para evitar detección, y los vendían a grupos armados ilegales.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, fueron capturados y enviados a prisión tres soldados acusados de sustraer municiones de batallones militares para venderlas al Clan del Golfo y a las disidencias de las FARC. Según las autoridades, estos militares extraían aproximadamente 40.000 cartuchos de fusil mensualmente, manipulando los sistemas de información para ocultar el faltante de munición.
La investigación reveló que los implicados utilizaban su acceso a los depósitos de armamento en diversas unidades militares del país para sustraer las municiones. Posteriormente, alteraban los registros oficiales para que no se detectara la ausencia de este material bélico. Las municiones eran luego vendidas a grupos armados ilegales, fortaleciendo su capacidad operativa y contribuyendo a la violencia en distintas regiones.
El fiscal del caso señaló: “Esta red criminal no solo comprometía la seguridad de las fuerzas militares, sino que también alimentaba el accionar delictivo de organizaciones como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, responsables de múltiples actos violentos en el país”.
Este caso no es un hecho aislado. En octubre de 2022, se desmanteló una red similar en la que ocho personas, entre ellas tres militares activos, fueron capturadas por vender armas y municiones a grupos como el ELN y el Clan del Golfo. Según la Fiscalía, esta organización sustraía armamento de uso exclusivo de la fuerza pública para comercializarlo con estructuras criminales .
La venta ilegal de armamento y municiones por parte de miembros de las fuerzas armadas representa una grave amenaza para la seguridad nacional. Estas acciones no solo fortalecen a los grupos ilegales, sino que también deterioran la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de su protección.
El Ejército Nacional, a través de un comunicado, expresó su rechazo a estas conductas y reafirmó su compromiso con la legalidad y la transparencia. “No toleraremos actos que vayan en contra de nuestros principios y que pongan en riesgo la seguridad del país. Continuaremos colaborando con las autoridades competentes para esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables“, indicó la institución.
Por su parte, expertos en seguridad señalan la necesidad de fortalecer los controles internos en las fuerzas armadas para prevenir la sustracción y venta ilegal de armamento. “Es fundamental implementar sistemas de vigilancia más rigurosos y realizar auditorías periódicas que permitan detectar cualquier irregularidad a tiempo“, afirmó el analista en seguridad, Carlos Mejía.
Las autoridades continúan investigando para determinar si existen más personas involucradas en esta red y para desmantelar cualquier otra estructura que atente contra la seguridad nacional. Se espera que, con estas acciones, se logre reducir el flujo de armamento hacia los grupos ilegales y, consecuentemente, disminuir la violencia en las regiones afectadas.
