La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado a seis exintegrantes del último Secretariado de las FARC-EP por su presunta responsabilidad en el reclutamiento y utilización de niños y niñas durante el conflicto armado en Colombia. Los excomandantes tienen hasta el 21 de mayo para reconocer su responsabilidad ante la jurisdicción.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis exintegrantes del último Secretariado de las extintas FARC-EP como máximos responsables por el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado colombiano. Esta decisión se enmarca en el Caso 07, que investiga estos hechos ocurridos entre 1971 y 2016, periodo en el cual se estima que al menos 18.677 menores fueron reclutados por la guerrilla.
Los imputados son:
Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como “Timochenko”.
Jaime Alberto Parra Rodríguez.
Milton de Jesús Toncel Redondo.
Pablo Catatumbo Torres.
Pastor Lisandro Alape.
Julián Gallo Cubillos.
Estos exlíderes guerrilleros tienen un plazo de 30 días hábiles, que vence el 21 de mayo, para reconocer su responsabilidad ante la JEP. Este reconocimiento es esencial para acceder a beneficios como sanciones alternativas a la prisión.
La imputación se basa en la evidencia recopilada por la JEP, que indica que las FARC-EP implementaron una política sistemática de reclutamiento de menores, incluyendo niños y niñas menores de 15 años. Además del reclutamiento, se documentaron otros crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra estos menores dentro de las filas guerrilleras, como malos tratos, torturas, homicidios y violencias sexuales y reproductivas.
En respuesta a la imputación, los exintegrantes del Secretariado emitieron un comunicado en el que reconocen que “los hechos no debieron haber ocurrido” y expresan su disposición a colaborar con la JEP. Sin embargo, también manifestaron preocupación por la demora en la emisión de sanciones por parte de la jurisdicción.
La JEP ha señalado que, de no haber un reconocimiento de responsabilidad por parte de los imputados, el caso podría avanzar hacia un juicio adversarial, lo que podría conllevar sanciones más severas. Este proceso es observado de cerca por organizaciones de derechos humanos y víctimas del conflicto, quienes esperan que se haga justicia y se reconozca el sufrimiento de los menores afectados.
