El hecho ocurrió el jueves 17 de julio en el sector del Cañón del Micay, una región de difícil acceso, en medio de una creciente militarización por parte del Estado
Los secuestrados —civiles dedicados a labores técnicas y de apoyo institucional— son: Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Leidy Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana.
En un comunicado difundido en canales clandestinos, el grupo armado reconoció la retención de los funcionarios, argumentando que se encontraban “haciendo entrega e instalación de equipos militares a miembros del Ejército Nacional cuyo objetivo es inhibir señales y derribar drones”. Según esta versión, los aparatos decomisados serían sometidos a inspección y análisis para evaluar si los contratistas tenían algún vínculo directo con operaciones militares.
No obstante, desde la Gobernación del Cauca se desmintió dicha acusación de forma categórica. “Lo ocurrido en López de Micay es una clara violación al Derecho Internacional Humanitario. Los funcionarios y contratistas secuestrados son civiles, padres, madres, hijos, hermanos, que solo buscaban servir a las comunidades más necesitadas del Cauca”, afirmó el gobernador Octavio Guzmán en un comunicado oficial.
El mandatario departamental pidió apoyo urgente del Gobierno Nacional y de organismos humanitarios para lograr la liberación de los nueve trabajadores. “Hacemos un llamado urgente a la Cruz Roja Internacional y a las organizaciones de derechos humanos para que intervengan y acompañen este momento crítico. La vida y la libertad deben ser protegidas”, insistió Guzmán.
Las autoridades también investigan si la operación fue ordenada directamente por alias ‘Marlon’, identificado como Iván Jacob Idrobo Arredondo, uno de los cabecillas más temidos de las disidencias y por quien se ofrece una recompensa de hasta mil millones de pesos.
Las declaraciones de los insurgentes aseguran que los funcionarios “serán tratados de la mejor manera y tendrán las mejores condiciones que les podamos brindar”, aunque condicionan su liberación a la evolución de las operaciones militares en la zona.
Este secuestro ocurre en un contexto de creciente violencia en el Cauca, donde recientemente dos policías fueron asesinados en un “plan pistola” y un líder sindical fue hallado muerto tras haber sido reportado como desaparecido. La situación de orden público en el departamento se ha deteriorado aceleradamente, lo que ha llevado a líderes locales y comunitarios a clamar por un replanteamiento urgente de la política de seguridad y paz.
“El Cauca necesita presencia estatal integral, no solo militar. Necesitamos que el Estado esté del lado de las comunidades, garantizando derechos, no sólo reaccionando ante tragedias”, concluyó el gobernador Guzmán, quien reiteró que los secuestrados no hacían parte de operaciones de defensa ni representaban amenaza alguna.
La comunidad internacional y la sociedad civil siguen atentas a este caso que pone nuevamente en evidencia la fragilidad de la seguridad en zonas periféricas del país y la urgencia de medidas que protejan la labor de los funcionarios públicos en territorios históricamente golpeados por el conflicto armado.
