Un grupo de más de 600 campesinos e indígenas retiene a 34 soldados del Ejército en una zona rural de El Retorno, Guaviare.

Por Antonio María Alarcón Reyna
Las autoridades confirman que se trata de un secuestro y no de una retención, denunciando el uso de civiles como escudos humanos. Este incidente se suma a una serie de ataques y a una escalada de violencia en el suroriente del país por el control territorial de las disidencias.
Una tensa situación de orden público se vive en el departamento del Guaviare, donde un grupo de 34 militares ha sido secuestrado en la zona rural del municipio de El Retorno. La retención masiva, que ya cumple tres días, se produjo después de un operativo militar en el que las Fuerzas Armadas lograron un contundente golpe contra la disidencia de las FARC, la cual mantiene su poderío en la región.
El trágico incidente tuvo lugar en la vereda Nueva York, cuando alrededor de 600 personas, entre las que se encuentran comunidades indígenas y campesinas, rodearon a los uniformados y les impidieron su salida. Según las autoridades, este hecho es una clara respuesta al reciente fallecimiento de Willington Vanegas Leyva, conocido con el alias de ‘Dumar’, un importante cabecilla de la estructura ilegal al mando de alias ‘Iván Mordisco’.
La acción, atribuida a la disidencia de las FARC, se produjo después de un operativo militar en el que fue abatido un cabecilla conocido como ‘Dumar’.
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, se pronunció sobre el hecho y no dudó en calificarlo como un secuestro. “Personas vestidas de civil dicen tener retenidos a unos militares. Pero eso no es una retención, es un secuestro porque están contra la voluntad de ellos”, declaró el martes, reafirmando la gravedad de la situación y la ilegalidad del acto.
Por su parte, el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó que el secuestro se dio el lunes, inmediatamente después de un enfrentamiento directo con una de las estructuras del Estado Mayor Centro (EMC) de la disidencia de Mordisco. “Como resultado de dichos combates se obtuvo la muerte en desarrollo de operaciones militares de ‘Dumar’ y de otros diez presuntos integrantes de esta estructura”, detalló Cubides. Fue en ese momento cuando, al disponerse a abandonar la zona, los 34 soldados fueron cercados y su avance fue bloqueado por la comunidad.
El oficial también rechazó la figura del “corredor humanitario” que, según explicó, ha sido impuesta por los grupos armados ilegales para impedir el accionar del Estado. Este tipo de tácticas, donde civiles son utilizados como escudos humanos para proteger a las estructuras criminales, no es nueva. En junio pasado, en el municipio de El Tambo, Cauca, un grupo de 57 militares fue retenido en medio de otro operativo contra el Estado Mayor Central. En aquella ocasión, el ministro Sánchez denunció la violación del Derecho Internacional Humanitario.
El secuestro en Guaviare se inserta en un contexto de creciente violencia en la región, un conflicto entre la disidencia de ‘Iván Mordisco’ y la facción de su antiguo subordinado, ‘Calarcá Córdoba’. Esta disputa por el control territorial ha generado una oleada de violencia y desplazamiento. Entre finales de mayo y junio de 2025, la Defensoría del Pueblo reportó que más de 10.000 personas quedaron confinadas en zonas rurales del norte del departamento, una cifra que refleja la magnitud del impacto en la población civil.

La situación alcanzó un punto crítico en julio, con el hallazgo de una fosa común en el municipio de Calamar. Los cuerpos de ocho líderes religiosos y sociales que habían desaparecido semanas antes, cuando participaban de una misión humanitaria, fueron encontrados en el lugar. Las autoridades han atribuido el crimen al frente Armando Ríos, del ala de Mordisco, lo que ha provocado una fuerte condena del presidente Gustavo Petro y un llamado urgente de la ONU y la Iglesia para la protección de líderes comunitarios.
La escalada de violencia no se limita a las zonas rurales. El pasado jueves, el frente Jaime Martínez, también perteneciente al grupo de Mordisco, llevó a cabo un devastador atentado con carro bomba en Cali. El ataque, que estalló en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, en plena zona urbana de la tercera ciudad del país, causó la muerte de siete civiles y dejó más de 79 heridos. A pesar de que el grupo no se ha atribuido el hecho, las autoridades lo han señalado de forma unánime, lo que ha llevado al ministro de Defensa a reiterar que reforzarán la ofensiva contra ‘Iván Mordisco’, por quien el Gobierno ofrece una recompensa de más de 4.000 millones de pesos.
Hasta el momento, se sabe que los soldados secuestrados formaban parte de una operación del Comando Conjunto de Operaciones Especiales que sostuvo un combate con el bloque Martín Villa. A pesar de la difícil situación, el ministro Sánchez ha sido enfático en que el Gobierno no aceptará figuras de presión y continuará con las operaciones para llevar justicia y seguridad a la región.




