A partir del 9 de noviembre de 2024, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha iniciado un paro armado indefinido en el departamento del Chocó, afectando a miles de habitantes y generando diversas reacciones por parte de las autoridades y la sociedad civil.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
El 9 de noviembre de 2024, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el inicio de un paro armado indefinido en varias zonas rurales del departamento del Chocó, específicamente en las áreas que comprenden los ríos San Juan, Sipí y Cajón. Esta acción ha generado preocupación entre las comunidades locales y ha provocado diversas reacciones por parte de las autoridades y organizaciones de derechos humanos.
El ELN es una guerrilla que ha operado en Colombia desde la década de 1960. A lo largo de los años, ha llevado a cabo diversas acciones armadas, incluyendo paros armados, que consisten en imponer restricciones a la movilidad y actividades económicas en determinadas regiones, utilizando la amenaza de la fuerza para hacer cumplir sus órdenes.
En este caso, el paro armado fue anunciado por el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN, argumentando la presencia de grupos paramilitares en la región y acusando a las fuerzas militares de colaborar con ellos. Según el comunicado emitido por el grupo insurgente, el paro armado tiene como objetivo “proteger a la población civil” y “denunciar la complicidad del Estado con los paramilitares” .
Impacto en las comunidades locales
Las comunidades afectadas por el paro armado han experimentado restricciones en su movilidad y actividades cotidianas. Los habitantes de municipios como Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan han reportado dificultades para acceder a servicios básicos, como salud y educación, debido al temor generado por las amenazas del ELN.
La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación por la situación, señalando que al menos 45.000 personas de 85 comunidades se verán afectadas por el paro armado indefinido del ELN . La entidad advierte que se pondrá en riesgo el derecho a la salud y la vida de los habitantes de la región.
Reacciones de las autoridades y la sociedad civil
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, ha manifestado su preocupación por el impacto del paro armado en la población. En declaraciones a medios locales, aseguró que “50.000 personas se verán damnificadas por el paro armado del ELN en el departamento” . La mandataria hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se tomen medidas urgentes que garanticen la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas.
Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, cuestionó la voluntad de paz del ELN al anunciar el paro armado en medio de las negociaciones con el Gobierno. El funcionario afirmó que “resulta imposible, que ya anunciado y desplazada las delegaciones a México para el quinto ciclo, se anuncie el paro armado” .
Organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica también han expresado su preocupación por la situación en el Chocó. El obispo de Quibdó, monseñor Juan Carlos Barreto, hizo un llamado al ELN para que cese las acciones que afectan a la población civil y reiteró la necesidad de buscar soluciones pacíficas al conflicto.
Historial de paros armados en la región
No es la primera vez que el ELN decreta un paro armado en el Chocó. En agosto de 2024, la guerrilla anunció un paro armado indefinido en la misma región, afectando a miles de personas y generando una crisis humanitaria. En esa ocasión, la Defensoría del Pueblo denunció que unas 45.000 personas permanecieron confinadas debido al paro armado .
Además, en febrero de 2024, el ELN anunció otro paro armado en el Chocó, que fue levantado días después tras duras críticas del Gobierno y mediadores de paz . Estos antecedentes muestran un patrón de acciones similares por parte del grupo insurgente en la región.
El paro armado ha tenido un impacto significativo en la economía local. Los comerciantes han reportado una disminución en las ventas debido al temor de la población a salir de sus hogares. Además, el transporte de mercancías se ha visto afectado, lo que ha generado escasez de productos básicos en algunas zonas.
Las instituciones educativas también han suspendido clases en varias localidades, afectando a miles de estudiantes. Los padres de familia expresan su preocupación por la interrupción del proceso educativo y el impacto que esto puede tener en el desarrollo de sus hijos.
Respuesta de la Fuerza Pública
Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han intensificado su presencia en la región con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y restablecer el orden. Sin embargo, las comunidades locales han manifestado su desconfianza hacia las autoridades, debido a las acusaciones de complicidad con grupos paramilitares realizadas por el ELN.
El comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez, afirmó que “las tropas están desplegadas en la zona para proteger a la población civil y garantizar la libre movilidad”. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para que confíe en las instituciones y denuncie cualquier acto que atente contra su seguridad.
Diversos sectores de la sociedad han reiterado la importancia de buscar soluciones pacíficas al conflicto en el Chocó. Organizaciones no gubernamentales, líderes comunitarios y representantes de la Iglesia han instado al ELN y al Gobierno Nacional a retomar las negociaciones y a comprometerse
