La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dictado medidas cautelares para preservar el Cementerio Católico San Miguel Arcángel en Corinto, Cauca, con el objetivo de salvaguardar los derechos de las víctimas de desaparición forzada. Esta acción busca asegurar la integridad de posibles restos de personas no identificadas y avanzar en el esclarecimiento de la verdad en la región.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido una medida cautelar dirigida a las autoridades de Corinto, Cauca, con el fin de proteger y conservar el Cementerio Católico San Miguel Arcángel. Esta decisión tiene como propósito fundamental garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada en la región y avanzar en el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos ocurridos durante el conflicto armado.
Contexto de la Medida Cautelar
La medida cautelar se enmarca en el Caso 05 de la JEP, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. Diversos colectivos de víctimas de la zona solicitaron esta acción como parte de los esfuerzos por restaurar los daños causados a las comunidades y territorios afectados por el conflicto armado, en cumplimiento del principio de centralidad de las víctimas.
Informes proporcionados por autoridades étnicas y víctimas de los municipios de Corinto y Miranda indican que en el Cementerio San Miguel Arcángel fueron inhumados, como cuerpos no identificados, miembros de las Farc-EP, así como personas presuntamente desaparecidas por la misma estructura guerrillera. Estos informes resaltan la necesidad de proteger el cementerio para avanzar en la identificación y entrega digna de los cuerpos a sus familiares.
Alcance de la Medida Cautelar
La JEP ha ordenado a la Parroquia San Miguel Arcángel de Corinto, a la Alcaldía de Corinto, a la Gobernación del Cauca, a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y al Ministerio del Interior adoptar acciones inmediatas para garantizar la custodia, protección e integridad de los Pabellones San Gabriel, San Antonio y San Rafael del cementerio. El objetivo es asegurar el derecho a la verdad de las víctimas y consolidar el universo de personas desaparecidas en esta zona priorizada por el Caso 05.
El Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP llevó a cabo un análisis de geolocalización de casos de desaparición forzada ocurridos entre 1983 y 2016 en los municipios de Corinto y Miranda. Este estudio evidenció la presencia de comunidades indígenas en la región y la necesidad de analizar el perfil de las posibles víctimas que reposan en el cementerio.
Por su parte, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en el marco de las inspecciones judiciales ordenadas, recopiló información relevante de distintos protocolos de necropsia solicitados al municipio de Corinto. Este proceso permitió documentar múltiples casos de muertes violentas por armas de fuego ocurridas antes del 1 de diciembre de 2016, en los que los cuerpos presentaban características que indicaban su posible pertenencia a personas de origen indígena.
La adopción de esta medida cautelar es fundamental para las víctimas de desaparición forzada y sus familias, ya que representa un paso significativo hacia la verdad y la reparación. La protección del cementerio permitirá la recuperación, identificación y entrega digna de los cuerpos, contribuyendo a cerrar ciclos de dolor y a la construcción de memoria histórica en la región.
