Una carga explosiva fue activada al paso de un vehículo de la Compañía Energética de Occidente en zona rural de Santander de Quilichao, dejando como resultado la muerte de un técnico de UTEN y heridas graves al conductor del vehículo.
La empresa advierte que el ataque pone en riesgo la continuidad del servicio en zonas con alta conflictividad y hace un llamado urgente al respeto del trabajo humanitario y técnico.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar.
La mañana de este miércoles 16 de abril se vio marcada por un nuevo hecho de violencia en el norte del Cauca. En zona rural del municipio de Santander de Quilichao, una carga explosiva fue detonada al paso de un vehículo de contratistas de la Compañía Energética de Occidente (CEO), dejando como saldo una persona muerta y otra gravemente herida.
De acuerdo con los primeros reportes, el fallecido es un técnico vinculado a la Unión de Trabajadores de la Energía Nacional (UTEN), quien se desplazaba por el sector en el momento del atentado. El conductor del vehículo, también miembro del equipo contratado para labores operativas, resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.
Los hechos ocurrieron mientras el personal de CEO realizaba tareas rutinarias de mantenimiento y soporte al sistema de distribución de energía en una zona que, como muchas otras del departamento, enfrenta condiciones de seguridad complejas. El atentado ha sido calificado por la organización sindical y por voceros de la empresa como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, al dirigirse contra personal civil ajeno al conflicto armado y cuya labor está centrada en garantizar servicios públicos esenciales.
En un comunicado conjunto, representantes de CEO y de UTEN rechazaron enérgicamente el ataque y pidieron a los actores armados respetar la vida e integridad de quienes prestan servicios a las comunidades. “Nuestros operarios no son parte del conflicto. Su única misión es garantizar que miles de familias cuenten con energía eléctrica en sus hogares. Atentar contra ellos es atentar contra la población civil”, indicaron.
El atentado también obligó a CEO a reevaluar su capacidad operativa en otras zonas del departamento donde el orden público se encuentra comprometido. Desde la empresa señalaron que el incremento de los riesgos en el terreno podría traducirse en restricciones en la atención de emergencias, mantenimiento de redes o ampliación de cobertura, lo que afectaría directamente a comunidades ya vulnerables por el aislamiento y las condiciones de pobreza.
Frente a lo ocurrido, se ha solicitado la intervención de las autoridades civiles y militares para garantizar condiciones mínimas de seguridad para los trabajadores del sector energético, quienes a diario deben recorrer áreas rurales en condiciones de alto riesgo. “Es urgente que se adopten medidas para proteger a quienes cumplen funciones esenciales para la vida y el bienestar de las comunidades. La energía no puede ser rehén del conflicto armado”, expresó un vocero de la organización sindical.
Este nuevo ataque se produce en medio de un contexto creciente de inseguridad en el departamento del Cauca, donde diferentes estructuras armadas ilegales continúan afectando a la población civil y obstaculizando la prestación de servicios básicos. Además del impacto inmediato sobre las víctimas y sus familias, este tipo de hechos también compromete la capacidad institucional de responder a necesidades urgentes en zonas apartadas.
La administración municipal de Santander de Quilichao y las autoridades departamentales aún no han emitido un pronunciamiento oficial, pero se espera que, en las próximas horas, se convoque un consejo de seguridad para evaluar la situación y definir acciones de respuesta. Entre tanto, desde la sociedad civil y el sector empresarial se insiste en la necesidad de reforzar las garantías para la labor de quienes, en medio de las dificultades, siguen trabajando por mantener en pie el tejido básico de servicios en el territorio caucano.
