Un ataque con drones atribuido a las disidencias de ‘Iván Mordisco’ impactó la estación de Policía de Suárez, Cauca, resultando en tres personas afectadas y daños en un establecimiento comercial.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
En la tarde del 15 de enero de 2025, en Suárez, noroccidente del departamento del Cauca, se presentó un ataque con drones que tuvo como objetivo la estación de Policía local. Según informaciones oficiales, el atentado fue perpetrado por el frente Jaime Martínez, una facción de las disidencias de las FARC lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.
El ataque se produjo alrededor de las 3:00 p.m., cuando tres artefactos explosivos fueron lanzados desde drones. Dos de ellos impactaron en el parqueadero y en el techo de la estación de Policía, mientras que el tercero cayó en un establecimiento comercial cercano. Este último causó daños materiales significativos y dejó a tres personas afectadas por aturdimiento, quienes fueron trasladadas al hospital local para recibir atención médica.
Este incidente se suma a una serie de ataques similares en la región. Horas antes, el mismo grupo armado había atacado una base militar en la zona rural de Suárez utilizando el mismo método. Además, este es el segundo atentado de este tipo registrado en menos de quince días en el municipio, lo que ha generado preocupación entre las autoridades y la comunidad local.
La utilización de drones para lanzar explosivos representa una táctica que ha ganado notoriedad en los últimos meses en diversas regiones del país. Este método permite a los grupos armados ilegales realizar ataques precisos sin exponer directamente a sus integrantes, lo que complica las labores de defensa y respuesta por parte de las fuerzas de seguridad. La tecnología de drones, accesible y de fácil adquisición, ha sido adaptada por estos grupos para llevar a cabo acciones ofensivas, incrementando la amenaza sobre la población civil y las instituciones del Estado.
Las autoridades locales han expresado su preocupación por la creciente frecuencia de estos ataques y la aparente falta de respeto por los mínimos humanitarios por parte de los actores armados.
La comunidad de Suárez ha vivido en medio de la violencia durante años, y la reciente escalada de ataques ha intensificado el temor entre los habitantes. La población civil se encuentra en una situación de vulnerabilidad, ya que los ataques no solo se dirigen contra las fuerzas de seguridad, sino que también afectan a establecimientos comerciales y zonas residenciales, poniendo en riesgo la vida y el bienestar de los ciudadanos.
En respuesta a estos hechos, las fuerzas militares y de policía han intensificado las operaciones en la región para contrarrestar la amenaza de las disidencias. Sin embargo, la adaptabilidad y el uso de nuevas tecnologías por parte de los grupos armados ilegales plantean desafíos significativos para las estrategias de seguridad tradicionales. La capacidad de estos grupos para llevar a cabo ataques a distancia mediante drones dificulta la detección y neutralización de las amenazas antes de que se materialicen.
El Gobierno Nacional ha reiterado su compromiso con la seguridad en el Cauca y otras regiones afectadas por la violencia. En este sentido, se han anunciado medidas para fortalecer la presencia de la fuerza pública y mejorar las capacidades de respuesta ante este tipo de ataques. No obstante, la efectividad de estas medidas dependerá en gran medida de la capacidad para adaptarse a las tácticas empleadas por los grupos armados y de la colaboración con las comunidades locales para obtener información y apoyo en las labores de seguridad.
La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas sobre la situación en el Cauca, señalando el riesgo para la población civil debido a la presencia y acciones de grupos armados ilegales. Estas alertas buscan movilizar a las instituciones del Estado para que adopten medidas de protección y prevención que salvaguarden los derechos humanos de los habitantes de la región. La Defensoría ha instado a las autoridades a implementar estrategias integrales que aborden no solo la seguridad, sino también las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la falta de oportunidades y la ausencia de presencia estatal en algunas zonas.
