Francisco Luis Correa, exmilitar y testigo principal en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, fue asesinado en su celda en la cárcel La Picota de Bogotá. Las autoridades investigan las circunstancias de su muerte y la posible implicación de otros reclusos.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
En la madrugada del 3 de enero de 2025, Francisco Luis Correa Galeano, exmilitar colombiano y testigo clave en el caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, fue encontrado muerto en su celda en la prisión La Picota de Bogotá. Según informes preliminares, Correa, de 45 años, fue atacado con un arma blanca por otro interno identificado como Samuel Zuleta Márquez, presunto miembro de la organización criminal “Los Paisas”.
Francisco Luis Correa había sido condenado en mayo de 2024 a seis años y medio de prisión tras aceptar cargos por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego agravado y amenazas contra servidor público, en relación con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Pecci, reconocido por su labor en casos de narcotráfico y crimen organizado, fue asesinado el 10 de mayo de 2022 en una playa de Barú, Cartagena, mientras disfrutaba de su luna de miel.
Correa, considerado el “cerebro” detrás del asesinato de Pecci, había proporcionado información crucial que permitió esclarecer detalles del crimen y la captura de otros implicados. Su colaboración con la Fiscalía colombiana lo convirtió en un testigo de alto perfil, lo que, según expertos, debió implicar medidas de seguridad más estrictas durante su reclusión.
La muerte de Correa ha generado críticas hacia las autoridades penitenciarias por la aparente falta de protección adecuada, especialmente considerando las amenazas previas en su contra. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del asesinato y determinar posibles fallos en los protocolos de seguridad.
La familia del fiscal Marcelo Pecci y sus representantes legales han expresado su preocupación por el asesinato de Correa, calificándolo como un acto de venganza e intimidación contra futuros testigos. Han exigido explicaciones a las autoridades colombianas sobre cómo se permitió que un testigo de tal relevancia fuera asesinado dentro de una prisión supuestamente segura.
