Una de las mayores redadas laborales en la era Trump detuvo a 475 trabajadores en una planta de Hyundai-LG en Georgia, generando indignación diplomática y preocupación por el clima de inversión en Estados Unidos.
El 4 de septiembre de 2025, autoridades migratorias realizaron una operación masiva en una planta en construcción del consorcio Hyundai Motor Group y LG Energy Solution en el condado de Bryan, Georgia. El operativo dejó 475 trabajadores detenidos, de los cuales 316 eran ciudadanos surcoreanos con presuntas irregularidades en sus visas. Este ha sido calificado como el mayor operativo de un solo sitio durante la actual administración de Donald Trump.
La redada causó alarma en Seúl, donde el gobierno expresó preocupación por el trato recibido por sus nacionales. Funcionarios surcoreanos denunciaron que muchos de los trabajadores fueron esposados y trasladados en condiciones que calificaron como inhumanas, lo que ha suscitado un debate sobre derechos laborales y garantías para los inversionistas extranjeros.
Los derechos y los intereses de nuestros ciudadanos y las actividades empresariales de nuestras compañías con presencia en EE. UU. no deben ser indebidamente vulnerados durante los procesos de aplicación de la ley.”
Cho Hyun, ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur.
El presidente Lee Jae Myung calificó el operativo como “desconcertante” y advirtió que podría afectar la percepción de seguridad jurídica para los inversores de su país. Analistas surcoreanos señalan que esta situación podría ralentizar futuros proyectos de inversión, especialmente en el sector automotor y de energías limpias, donde Corea del Sur ha comprometido miles de millones de dólares en EE. UU.
Por su parte, Hyundai y LG emitieron comunicados expresando su preocupación por el impacto de la redada en el avance de la planta, que forma parte de un megaproyecto valorado en 5 500 millones de dólares y destinado a producir baterías para vehículos eléctricos. La empresa aclaró que varios de los detenidos eran contratistas y no empleados directos, pero subrayó que el incidente pone en riesgo los plazos de entrega.
En Estados Unidos, la Secretaría de Seguridad Nacional defendió el operativo argumentando que su deber es aplicar las leyes migratorias sin excepción. Sin embargo, autoridades locales y algunos legisladores advirtieron que el impacto económico de estas medidas podría generar incertidumbre en el mercado laboral de Georgia y en la relación con uno de los principales socios comerciales asiáticos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano anunció que enviará una delegación para supervisar el debido proceso y garantizar que los detenidos reciban asistencia consular. También solicitó establecer mecanismos bilaterales que eviten que futuros operativos generen fricciones diplomáticas.
Este episodio ocurre en un contexto en que Corea del Sur es el quinto mayor inversionista extranjero en Estados Unidos, y su participación es clave en el desarrollo de infraestructura para la transición hacia energías limpias. Los analistas prevén que, si no se gestiona con prudencia, la situación podría escalar en tensión política y repercutir en la cooperación económica entre ambas naciones.
