La Corte Constitucional ordenó devolver la Universidad Inpahu a María Paula Linares tras un calvario de 25 años de maltrato físico, psicológico, económico e institucional a manos de su exesposo. Esta crónica narra, con voz emotiva, la historia de su resistencia silenciosa, las fallas que enfrentó en la justicia ordinaria y el fallo histórico que por fin le devolvió sus derechos.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar.
María Paula Linares nunca imaginó que el hombre con el que se casó en el año 2000, un reconocido abogado y exviceministro, se convertiría en su peor pesadilla. Poco después de la boda, los golpes y las humillaciones comenzaron en la privacidad de su hogar elegante en Bogotá. Al principio, guardó silencio, con la esperanza de que Juan Luis Velasco Mosquera –su esposo– cambiara. Pero el ciclo de violencia no hizo más que agravarse con el tiempo. En 2005, tras una golpiza especialmente brutal, María Paula reunió el valor para denunciarlo ante la Comisaría de Familia de Chapinero. Llegó con moretones, el alma hecha trizas, buscando protección del Estado. Sin embargo, su clamor fue ignorado: la comisaría no le brindó protección efectiva ni puso freno a su agresor. Aquella puerta institucional cerrada fue el primer indicio de una violencia institucional que se sumaría a su calvario personal.
Durante años, María Paula sufrió en silencio. Velasco, hombre influyente y de prestigio, ejercía un dominio total: en casa, la aislaba y aterrorizaba psicológicamente; en sociedad, mantenía una fachada impecable. Tras cada episodio violento –un puñetazo, un insulto, una amenaza velada– ella contemplaba huir, pero temía el “¿qué dirán?” y carecía de medios propios. La violencia psicológica la mantenía atrapada en un círculo de miedo y dependencia. Sus dos hijas también sufrían las secuelas de ese ambiente: crecieron viendo a su madre con la mano fracturada o los ojos tristes, sin entender por qué nadie las ayudaba.
En 2014, la tragedia familiar y la ambición se entrelazaron. Hernán Linares Ángel, padre de María Paula y fundador de la Universidad Inpahu, falleció, dejando a su hija como heredera de la institución educativa que él había construido con esfuerzo. Este evento marcó un punto de inflexión: lejos de cesar la violencia, Velasco la redobló. Ahora sus abusos tenían un nuevo objetivo frío y calculado –el despojo patrimonial–. Aprovechando la vulnerabilidad emocional de María Paula tras la muerte de su padre, Velasco urdió un plan para arrebatarle el control de la universidad. Aquella institución, formalmente llamada Institución Universitaria Uninpahu, era no solo el legado de la familia Linares sino también el sustento económico de María Paula. Velasco lo sabía, y estaba dispuesto a usar la fuerza para quedarse con todo.
Los ataques físicos escalaron a niveles espeluznantes. Una tarde, en medio de una discusión, Velasco le aplastó la mano a María Paula con la puerta de casa, rompiéndole los huesos. En otra ocasión la tomó del cabello y la arrastró por el piso de mármol del pasillo, para finalmente arrojarla escaleras abajo. María Paula sentía no solo el dolor punzante en el cuerpo, sino la desesperación de saberse sola. Había denunciado y nadie la había protegido. ¿A quién más podía recurrir? Como muchas víctimas en los estratos altos de la sociedad, callaba por miedo al escándalo y por la desconfianza en la justicia. “Uno cree que solo lo vive y lo sabe uno, pero no es así. En mi caso, todos lo sabían y callaban”, diría años después, al reflexionar sobre la complicidad silenciosa de su entorno.
La violencia económica también golpeó con toda su crudeza. Velasco, valiéndose de amenazas y aprovechando el terror que le tenía María Paula, la obligó a firmar documentos en contra de su voluntad. Bajo coacción, en 2019 ella suscribió una reforma de los estatutos de la Universidad Inpahu que le permitió a él quedarse con las riendas de la institución. Acto seguido, Velasco utilizó su nuevo poder para despedirla de su cargo de canciller –la posición académica que María Paula ocupaba y amaba–. En cuestión de meses, pasó de ser un miembro externo a convertirse en dueño absoluto del gobierno de la universidad, mientras María Paula y sus hijas eran expulsadas no solo de la institución, sino empujadas al abismo financiero. La cómoda vida que habían conocido se esfumó: sin ingresos ni apoyo, cayeron en la pobreza mientras Velasco se enriquecía con las arcas de la universidad. Esa asfixia económica –dejarla sin empleo, sin patrimonio y con dos hijas que mantener– fue un arma más de su arsenal de abusos.
La estrategia de Velasco para consolidar el despojo fue metódica y despiadada. Con el control de la Institución Universitaria Uninpahu en sus manos, convocó a la asamblea de la institución en septiembre de 2021 y orquestó la expulsión formal de María Paula como miembro fundadora. Para justificar tamaña decisión, la acusó de algo insólito: presentó ante la asamblea el argumento de que ella habría falsificado un título profesional, manchando así el “buen nombre” de la universidad. Apoyado en estatutos y asesores jurídicos a su servicio, Velasco logró que la asamblea –dominado ya por sus aliados– aprobara una resolución declarando la pérdida de la calidad de miembro de María Paula en la fundación, por una supuesta falta de lealtad derivada de ese título falso. Era una maniobra perversa: el hombre que la había obligado a firmar papeles bajo coerción ahora la tildaba de fraudulenta. María Paula afirma que esa acusación fue fabricada por él como parte de su estrategia para desacreditarla . Con esa jugada, Velasco buscaba no solo legitimarse ante terceros, sino cerrar cualquier camino de regreso para ella.
A esas alturas, María Paula Linares estaba devastada pero no completamente vencida. Separada ya de su agresor (quien para entonces era ya su exesposo), decidió dar la pelea en los estrados judiciales. El sistema judicial ordinario, sin embargo, volvió a fallarle. Por la vía penal, interpuso denuncias de violencia intrafamiliar, pero estas avanzaron con una lentitud exasperante: su caso criminal tardó años en moverse, enredado entre aplazamientos y trámites. De hecho, dos décadas después de su primera denuncia, ese proceso penal aún no ha culminado –la audiencia de juicio fue programada para julio de 2025, con expectativa de fallo en septiembre–, prolongando la impunidad casi 20 años. Esta dilación no es excepcional: en Colombia, el 82,9% de los casos de violencia de género siguen estancados en etapa de investigación en la Fiscalía, y sólo un ínfimo 0,8% alcanza la etapa de juicio, reflejando un nivel alarmante de impunidad. María Paula y sus hijas, al igual que miles de víctimas, quedaron en un limbo, sin justicia pronta.
Agotados los caminos penales y civiles, María Paula recurrió a una herramienta excepcional de último recurso: la tutela, una acción constitucional para proteger derechos fundamentales vulnerados. En 2021, presentó una tutela clamando por sus derechos y los de sus hijas, argumentando que todo el entramado mediante el cual Velasco le arrebató la universidad estuvo basado en violencia de género y que la justicia ordinaria había sido inoperante para defenderlas. La respuesta inicial de los jueces fue desalentadora. En primera instancia, un juzgado de Bogotá pareció darle la razón; pero en segunda instancia, en febrero de 2022, otro juez revocó ese amparo y declaró improcedente la tutela. En palabras sencillas, le dijeron que su caso no debía resolverse por tutela, que acudiera a la justicia ordinaria –la misma que llevaba años sin darle respuestas–. Era un portazo más. “Todo me lo negaban, todo lo perdía. Decían que no había nada contundente para actuar en favor mío y de mis hijas”, recordaría María Paula sobre esa época de frustración absoluta.
Sin embargo, el destino de su lucha cambió gracias a la visibilidad pública y a la insistencia incansable. Una columna de opinión escrita por la abogada Ana Bejarano en el portal Los Danieles sacó a la luz pública el caso, revelando el “horror que la justicia ignoró por años”. La presión mediática y la evidente injusticia llamaron la atención de la Corte Constitucional, que en 2023 seleccionó la tutela de María Paula para su revisión. Finalmente, esta semana, la Corte Constitucional profirió la Sentencia SU-018 de 2025, un fallo histórico y definitivo que reivindicó los derechos de María Paula Linares y sus hijas tras 25 años de calvario.
La decisión de la Corte Constitucional no solo le devolvió a María Paula la dignidad y el patrimonio perdidos, sino que también envió un mensaje potente al país. En su sentencia de unificación, la Corte reconoció que todo lo ocurrido –la salida forzada de María Paula de la universidad, la pérdida de sus bienes y posición– fue consecuencia directa de la violencia intrafamiliar sistemática que Velasco ejerció en su contra. El máximo tribunal revocó las decisiones judiciales inferiores que le habían negado protección, y ordenó una serie de medidas de reparación sin precedentes:
– Anulación de todas las maniobras de despojo: Se dejaron sin efecto los acuerdos y reformas estatutarias con las que Velasco tomó el control de la Universidad Inpahu desde 2017. Cualquier decisión de la asamblea que hubiese marginado a María Paula y a sus dos hijas quedó anulada. Asimismo, se invalidaron las modificaciones en las cinco entidades jurídicas vinculadas a la asamblea de la universidad en las cuales Velasco se había insertado fraudulentamente como socio o representante. En otras palabras, se restauró la composición original de la asamblea previa al despojo.
– Restitución en el cargo y reparación económica: La Corte constató que la destitución de María Paula de su cargo de canciller fue hecha de manera ilegal, violando su derecho al debido proceso. Por ello, ordenó su inmediata restitución en el puesto de canciller de la universidad, con todos los honores, y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir durante los años en que fue injustamente apartada. Se ordenó además que Velasco, su exesposo, pague una indemnización por los perjuicios causados, cuyo monto se determinará conforme a la ley.
– Protección y vigilancia institucional: La Sala Plena de la Corte exigió a los directivos de la universidad y a Velasco cesar cualquier práctica discriminatoria o acto de retaliación contra María Paula y sus hijas. Adicionalmente, instruyó al Ministerio de Educación para que supervise el cumplimiento íntegro del fallo, garantizando que la transición de control se lleve a cabo sin dilaciones ni trabas. La inclusión del Ministerio busca blindar la ejecución de la sentencia ante eventuales resistencias internas en la institución.
Cuando María Paula conoció las órdenes del tribunal, las lágrimas contenidas por fin rodaron por su rostro. Había ganado su batalla después de un cuarto de siglo. “Hay que hablar, hay que denunciar”, dijo con voz entrecortada en una entrevista tras el fallo, exhortando a otras mujeres a no guardar silencio. Su historia, antes sepultada por las apariencias sociales, se convirtió en faro de esperanza. A la comunidad universitaria de Inpahu le envió un mensaje de tranquilidad: a pesar de los cambios en la cúpula, las clases y proyectos seguirían con normalidad, y “se vienen cosas mejores” para la institución. Era el renacer no solo de una mujer, sino también de una universidad que, por años, estuvo bajo la sombra de la arbitrariedad.
El fallo de la Corte marcó un precedente histórico en Colombia. Por primera vez, se reconoció de forma contundente que la violencia de género puede ser el factor determinante detrás de la pérdida de derechos económicos y laborales de una mujer. En otras palabras, la justicia entendió que los golpes y amenazas en el ámbito privado pueden tener efectos públicos devastadores –como quedarse sin trabajo, sin patrimonio, sin voz– y que el Estado tiene la obligación de reparar esos daños integrales. La sentencia SU-018/2025 dejó claro que los actos aparentemente “legales” (reformas empresariales, despidos, cambios patrimoniales) pueden quedar nulificados si se demuestra que fueron obtenidos mediante coacción y violencia machista, como sucedió con María Paula
Los especialistas señalan que este caso emblemático llega en un contexto preocupante de violencia contra la mujer en Colombia. Las cifras recientes muestran la dimensión de la problemática: solo en 2022 se registraron 43.433 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, y en 2023 la cifra aumentó a 44.675. Detrás de cada número hay historias de dolor similares a la de María Paula. La mayoría de estas agresiones son físicas –en la primera mitad de 2024 se reportaron más de 31.700 casos de violencia física contra mujeres–, seguidas de violencia sexual (casi 14 mil casos) y psicológica (más de 5.500).
Sin embargo, los expertos advierten que la violencia psicológica y económica suelen permanecer ocultas y subregistradas. Por ejemplo, la Secretaría de la Mujer de Bogotá reportó que desde 2021, el 35% de los casos de violencia de género atendidos en las Casas de Justicia de la ciudad corresponden a violencia económica –una forma insidiosa de control que va desde impedir trabajar hasta despojar a la mujer de sus bienes. Estos tipos de violencia, al no dejar moretones visibles, con frecuencia no se denuncian o no se les da importancia, lo que agrava la indefensión de las víctimas.
El caso de María Paula Linares evidenció también las fallas de las instituciones que debían protegerla. La impunidad y lentitud del sistema fue, en sí misma, otra forma de violencia. No es raro: Colombia ha registrado un incremento sostenido en las denuncias de violencia intrafamiliar en los últimos años, pero el aparato judicial no da abasto para responder. A pesar de leyes avanzadas en papel, en la práctica muchas mujeres tropiezan con barreras cuando buscan ayuda: funcionarios que minimizan el maltrato psicológico, comisarías de familia desbordadas de casos, juzgados que dilatan decisiones. Esa violencia institucional deja cicatrices profundas. En palabras de María Paula, por mucho tiempo sintió que las puertas se le cerraban porque “decían que no había nada contundente” en su favor. Su victoria en la Corte Constitucional, entonces, no solo reivindica sus derechos, sino que envía un mensaje potente a jueces, policías, comisarios: no se puede seguir ignorando el grito de auxilio de las mujeres.
Hoy, María Paula Linares puede caminar por los pasillos de la Universidad Inpahu con la frente en alto. Ha sido reinstalada como canciller y miembro de la asamblea, compartiendo con sus hijas –ya jóvenes adultas– el lugar que nunca debieron perder. Mira las aulas, saluda a profesores y alumnos, y sabe que su lucha no fue en vano. Entretanto, Juan Luis Velasco Mosquera enfrenta las consecuencias de sus actos, aunque tarde: el proceso penal por violencia intrafamiliar en su contra sigue su curso. Además, la falsa denuncia que él interpuso acusando a María Paula de falsificar un título académico se desmorona ante la verdad. La justicia finalmente le ha llegado. Velasco –un payanés que ostentó cargos de poder– pasó de victimario intocable a estar bajo la lupa pública como agresor de su propia familia.
María Paula, a sus 50 años, ha recuperado mucho más que una universidad: recuperó su voz, su autonomía y la confianza en que la justicia puede prevalecer, aunque haya tardado demasiado. Su historia es dolorosa, pero necesaria. Nos recuerda que la violencia de género no distingue estratos ni títulos profesionales; que puede ocultarse tras las paredes de una casa lujosa o tras los muros de una institución educativa. También nos enseña sobre la resiliencia y el coraje. Fueron 25 años de silencio forzado, pero también de amor inquebrantable por sus hijas y de fe en que algún día la verdad saldría a la luz.
“Ante cualquier caso de abuso hay que hablar, hay que salir, hay que poner la denuncia”, dijo María Paula, convertida ahora en una voz de conciencia. Su llamado resuena en cada mujer que sufre maltrato en las sombras: no están solas. Puede que el camino sea largo y arduo –como lo fue para ella–, pero su caso prueba que es posible romper el ciclo de la violencia y recuperar la vida que un abusador quiso robar. La sentencia SU-018 de 2025 es, en última instancia, un triunfo de la justicia y de la valentía de una mujer. Y aunque ninguna sentencia borra el pasado, esta ha sentado las bases para que nunca más una situación así tenga que prolongarse un cuarto de siglo. Es la esperanza de que, en Colombia, ninguna mujer deba esperar tanto para ser escuchada, protegida y reivindicada.
